Lo que fue cuestionado este miércoles por sus detractores que consideran que el mandatario busca «impunidad» ante eventuales proceso legales.
POLITICAAyer EFE
El presidente de Bolivia, Luis Arce, figura como candidato al Senado en el listado del partido gubernamental para las elecciones generales del próximo 17 de agosto, lo que fue cuestionado este miércoles por sus detractores que consideran que el mandatario busca «impunidad» ante eventuales proceso legales.
El nombre de Arce, quien declinó su candidatura a la reelección presidencial, aparece como candidato a primer senador por La Paz del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y como su suplente figura la exdirigente campesina Guillermina Kuno.
Esto fue criticado por parlamentarios de oposición y por oficialistas que pertenecen al ala del MAS leal al expresidente y exlíder del partido gubernamental Evo Morales (2006-2019), quien está distanciado de Arce.
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El senador del MAS y dirigente cocalero Leonardo Loza consideró que «es una cobardía» que Arce postule al Senado y consideró que» es para salvarse y protegerse de la mala gestión y la corrupción que ha generado» durante su Gobierno.
El diputado oficialista Héctor Arce Rodríguez, también cercano a Morales, tildó de «sinvergüenza» y ‘cínico» al gobernante y consideró que el objetivo de esa candidatura es «proteger su espalda» y «seguir escondiendo la corrupción que se ha incrustado e institucionalizado» en su Administración.
Para el diputado Carlos Alarcón, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Arce «está buscando su impunidad como candidato a senador».
Alarcón también opinó que el presidente «se autodegradó» y recordó que Arce inicialmente iba a buscar la reelección, pero ahora «bajó a candidato a senador».
Reacción de sus opositores
El también diputado de CC Alejandro Reyes sostuvo que Arce «está buscando un asiento en el Senado» para «evitar un juicio de responsabilidades».
El diputado oficialista José Luis Flores, de la facción afín a Arce, consideró que no hay una intención de buscar impunidad porque con la Constitución vigente desde 2009 se perdieron «algunos privilegios» que tenían los parlamentarios en la anterior Carta Magna.
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En cualquier caso, un tercer mandato requeriría una enmienda constitucional de dos pasos: una votación de dos tercios del Congreso o de dos tercios de los estados, ratificada luego por tres cuartos de los estados, algo que los analistas ven extremadamente complicado.
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