El juez Juan Carlos Checkley declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, al considerar que la decisión del Ministerio Público de declarar reservados los testimonios estaba “debidamente justificada”
TRIBUNALESAyer ap
LIMA — La justicia de Perú negó el jueves un recurso presentado por la defensa de la presidenta Dina Boluarte para anular una investigación de la Fiscalía en su contra por presunto “encubrimiento personal” al desactivar un equipo de élite de la policía que apoyaba investigaciones de alta relevancia política y que involucraban a su entorno.
El recurso pedía anular las declaraciones brindadas por dos testigos dentro de la investigación, alegando que su calificación de “secretas” no había sido motivada por la Fiscalía, así como tampoco la ampliación de otras declaraciones.
El juez Juan Carlos Checkley declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, al considerar que la decisión del Ministerio Público de declarar reservados los testimonios estaba “debidamente justificada”, indicó el Poder Judicial en un mensaje de su cuenta X, antes Twitter.
Más de un año atrás, el gobierno de Boluarte desactivó al grupo de élite que asistía a la Fiscalía en la investigación de casos que involucraban al entorno de la mandataria, como su hermano Nicanor Boluarte, procesado por supuestamente integrar una organización criminal de tráfico de influencias, entre otras autoridades.
Las extranjeras indocumentadas, se desplazaban intentando evadir el puesto de chequeo militar Don Miguel Pista, cuando fueron sorprendidas por los efectivos del ERD.
Se lanzaron de un edificio tratando de huir de las autoridades.
son ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
son ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal.
El abogado de origen mixteco será quien encabece en el máximo tribunal de México
“No identifica con precisión, según se hace en la mayoría de las alegatos de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan apoyado”, escribió Kagan.
El Ministerio Público continúa con la reproducción de pruebas contra los dos procesados.