QUITO — En medio de una ola de violencia que ha repuntado desde inicios de este año, el gobierno ecuatoriano requirió el viernes a una unidad estatal de análisis financiero que investigue el patrimonio de jueces y fiscales que, a su criterio, han facilitado la libertad de delincuentes.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg dijo a la prensa que con esta decisión el gobierno busca luchar contra la impunidad “con la que muchos jueces y fiscales han actuado durante muchos años”.
Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha —una provincia al norte de Ecuador—, el pedido del gobierno podría implicar una interferencia del Ejecutivo en otro poder del Estado, ya que la investigación de jueces y fiscales está a cargo del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, aclaró Ocaña a The Associated Press, este organismo “no ha cumplido con su deber de fiscalización”.
El Consejo de la Judicatura ha estado bajo fuertes críticas en los últimos años y uno de sus altos funcionarios fue sentenciado por corrupción.
En contraste, el experto penalista Ramiro Aguilar sostuvo que la medida no entraña una interferencia de funciones ya que la intervención de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) está contemplada en el sistema nacional de inteligencia. “Un juez o fiscal corruptos vinculados a las mafias van contra la seguridad del Estado, no hay ninguna intromisión”, señaló a la AP.
