Condenas de 12 y 5 años a una pareja procesada por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan Altagracia Reyes, acusados de narcotráfico y lavado de activos, a penas de 12  y cinco años de prisión, así como al pago de una multa equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo explicó que el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís ordenó, además, el decomiso de todos los bienes y activos, incluyendo los derechos sobre bienes muebles e inmuebles lujosos, incluyendo villas, apartamentos y vehículos de alta gama que fueron obtenidos por los procesados a través del narcotráfico y el lavado de activos.

La investigación revela que la red introdujo al sistema económico más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachada para adquirir bienes, muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, vehículos de lujo y otros bienes relacionados con la red criminal.

Por el hecho hay otros miembros con medidas de coerción, esperando la audiencia para su acusación, incluyendo a Walky Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Hellwy Santos Restrepo y Danilo Piñeyro Aristy, hermana y cuñado, de Yunior Santos Restrepo.

La procuradora corte Ramona Nova, titular de Antilavado del Ministerio Público, manifestó que el órgano persecutor del delito continuará firme para que caiga todo el peso de la ley contra los demás miembros de la red que faltan por procesar.

Aseveró, además, que la investigación realizada en coordinación con los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora ha aportado pruebas suficientes para identificar y vincular a los acusados a los hechos por los que son procesados.