Acusado formalmente de elaborar planes para extorsionar a importantes traficantes de cocaína que enfrentan procesos de extradición desde Colombia y República Dominicana.
TRIBUNALESAyer AP
MIAMI — Un informante que ayudó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a recabar evidencia en algunos de sus casos más importantes fue arrestado y acusado formalmente de elaborar planes para extorsionar a importantes traficantes de cocaína que enfrentan procesos de extradición desde Colombia y República Dominicana.
En una denuncia penal desprecintada el miércoles, Jorge Hernández, de 57 años, fue acusado con un cargo de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico. Hernández permanece detenido y tuvo su comparecencia inicial el miércoles ante un tribunal federal en Fort Lauderdale.
Las autoridades argumentan en documentos judiciales que desde 2020 Hernández llevó a cabo un plan en el que se hacía pasar por un asistente jurídico que, por el precio adecuado, podía obtener sentencias más indulgentes para capos del narcotráfico, según una declaración jurada del FBI de 17 páginas.
El FBI aseguró que Hernández exigió pagos de un millón de dólares a seis presuntos narcotraficantes que terminaron entregándose o siendo extraditados hacia Estados Unidos.
A cambio de los pagos —que se realizaron en efectivo, joyas, propiedades y vehículos en Colombia— Hernández garantizaba sentencias de prisión más cortas que se cumplirían “en un apartamento, similar a estar bajo arresto domiciliario”, según los documentos judiciales.
“(Bolsonaro y Carlos) fueron responsables de definir las directrices estratégicas de la organización criminal, de elegir a los objetivos de las acciones clandestinas (contra opositores, instituciones, el sistema electoral) para obtener beneficios políticos de estas operaciones”, destacó la policía federal.
El acusado y los otros acompañantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte.
El caso fue descubierto luego de que la madre del adolescente lo llevara a un centro médico a tratar un problema de salud.
Varios de los acusados admitieron haber alterado antecedentes penales a cambio de entre 8,000 y 40,000 pesos.
La audiencia fue recesada hasta el próximo martes, 24 de junio, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el Ministerio Público continuará con la presentación de testigos.
El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos luego de que se interpusiera la denuncia a través del Centro de Contacto Línea Vida, informando que la víctima estaba siendo abusada.