La extensión del plazo en el expediente por corrupción administrativa responde a la complejidad de las evidencias tecnológicas y el volumen del proceso
TRIBUNALESEl lunes INCERTIDUMBRE
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ministerio Público consigue le sea otorgada prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros procesados en Operación Camaleón por incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.
Wilson Camacho, Director General de Persecución del Ministerio Público y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezaron el equipo de fiscales litigantes en la audiencia. Camacho y Ortiz estuvieron acompañados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.
“En la audiencia de hoy, el Ministerio Público presentó la solicitud de prórroga amparado en una serie de elementos que hicieron al tribunal reflexionar sobre que, efectivamente, el plazo inicialmente otorgado, conforme a la norma procesal penal, era insuficiente para culminar la investigación”, explicó Ortiz.
Señaló además que los procedimientos aún en curso no obedecen a negligencia ni retraso institucional, sino al “gran cúmulo de evidencias que tiene este caso, sobre todo, evidencia de índole tecnológica que han dificultado la culminación de ciertas experticias”.
Consideró que el tribunal actuó de manera correcta al otorgar la prórroga establecida en el Código Procesal Penal, de cuatro meses, para concluir con la fase investigativa. “En ese plazo estaremos presentando el acto conclusivo propio de este proceso”, dijo.
Sobre la posibilidad de incluir nuevos imputados en el proceso explicó a los periodistas que la abordaron: “Ustedes saben que nuestras operaciones siempre se caracterizan por continuar con las líneas investigativas, lo que quiere decir que existe la posibilidad de que se añadan nuevas personas con la presentación del acto conclusivo”.
El Ministerio Público sustentó la petición en las diligencias pendientes producto del volumen y complejidad del expediente. Al otorgar la prórroga, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó como fecha límite el 8 de octubre del presente año para la presentación de la acusación formal.
El proceso judicial incluye como imputados, además de Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados son señalados como miembros de una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Dichos ilícitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. También se aplican la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando; la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
El hecho, captado en video que circula en redes sociales, no responde a enfrentamientos entre bandas, sino a un conflicto social entre los involucrados.
El caso continúa bajo investigación, y en manos de las autoridades competentes para aplicar lo que dispone la Ley de Aduanas 168-21
La última oferta de Hamas, según fuentes consultadas por el periódico israelí, incluía el intercambio de 200 prisioneros palestinos con condenas de cadena perpetua por diez rehenes israelíes, una propuesta que la delegación de Israel consideró “irrazonable”.
“Ustedes no han vuelto a ver los nombramientos de médicos y especialistas por concurso, que, aunque eran solicitados por el Colegio Médico, han entrado en contubernio con las autoridades por cuotas de asignaciones de sus allegados. Este proceder afecta grandemente a esa enorme cantidad de médicos y enfermeras que no tienen sus llamadas “cuñas o padrinazgo.”
El Ministerio Público demostró, durante el juicio, que el procesado incendió de forma intencional la vivienda en que vivía la víctima, poniendo en grave riesgo la vida de la mujer y violando una orden judicial de alejamiento.
El detenido, también conocido como “El Control de Mandinga”, era activamente buscado mediante orden judicial por hechos graves ocurridos en SDE.
La denuncia contiene 22 cargos, se presentó ante un Tribunal de Delaware y acusa a Owens de difundir afirmaciones «falsas» de que Brigitte Macron es hombre para «para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero».
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia establecieron que miembros de esa estructura movieron más de 189 millones de pesos
El Ministerio Público solicita que al imputado se le imponga prisión preventiva
En la audiencia que se conocerá este miércoles el órgano persecutor solicitará que al imputado le sea impuesta prisión preventiva