Senado aprueba en segunda lectura con modificaciones proyecto que modifica el Código de Trabajo

Santo Domingo, R.D. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura  con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley núm. 16-92, que  establece el Código de Trabajo de la República Dominicana.

La iniciativa busca modernizar el Código de Trabajo para mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer aspectos como la no discriminación, la conciliación de conflictos y las regulaciones sobre horas extras, suspensión de contratos y licencias. 

El pleno del Senado acogió las modificaciones a la reforma laboral entre las que destacan el artículo 3 del proyecto de reforma laboral, el cual prohíbe toda forma de discriminación en el ámbito laboral por motivos de sexo, género, edad, raza, origen, opinión política, militancia sindical, orientación sexual, discapacidad o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley para la protección del trabajador. Asimismo, se aclara que no se consideran discriminatorias las distinciones basadas en las calificaciones requeridas para un puesto específico. 

Asimismo, el pleno aprobó eliminar el artículo 83 y acogió la modificación al artículo 88, el cual establece las causas bajo las cuales un empleador puede dar por terminado un contrato laboral mediante despido. 

Entre otras de las modificaciones que fueron conocidas a la reforma laboral, se destaca el cambio introducido al artículo 511, que busca agilizar el proceso de conciliación. La propuesta establece plazos específicos para la designación del juez conciliador, la notificación de la demanda y la citación a audiencia, garantizando que entre esta última y su celebración medie un mínimo de ocho días francos.

El artículo 722 del proyecto de reforma laboral establece que los fondos recaudados por concepto de multas serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Trabajo. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios.

Con estas disposiciones, el Senado de la República avanza en la construcción de un marco legal laboral más moderno, justo y eficiente, que fortalezca los mecanismos de control institucional, promueva la equidad en el empleo y garantice una mayor protección a los derechos de los trabajadores y empleadores en la República Dominicana.

En la sesión de este martes, también se aprobó el proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional, una iniciativa presentada por los senadores Félix Ramón Bautista Rosario y Ramón Rogelio Genao Durán.

Esta propuesta legislativa tiene como objetivo regular los procedimientos y mecanismos que permitan al Congreso Nacional ejercer de forma efectiva su función constitucional de fiscalización y control político por parte del Congreso Nacional.

En el considerando tercero del nuevo marco legislativo, el poder legislativo reafirma su rol como contrapeso del Poder Ejecutivo, subrayando que la fiscalización y el control político deben ejercerse a través de instrumentos y procedimientos adecuados que garanticen la protección del patrimonio público.

De acuerdo con el artículo 31 del nuevo marco legislativo, los funcionarios públicos electos por voto popular, así como aquellos designados por el Senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo ministros, viceministros, el gobernador del Banco Central, directores y administradores de organismos autónomos y descentralizado del Estado y los de entidades  que administren fondos públicos, podrán ser citados a comparecer ante el Pleno o las comisiones del Congreso si incumplen con la entrega de informes solicitados en el tiempo establecido en el artículo 30 de dicha normativa.

El artículo 34 del proyecto legislativo establece que los plenos de ambas cámaras y sus comisiones tendrán la facultad de invitar a comparecer a funcionarios públicos, con el fin de informar sobre asuntos vinculados a sus funciones.

Estas disposiciones reflejan el compromiso del Congreso Nacional con el fortalecimiento del control institucional y la transparencia en la gestión pública.