Fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue.
TRIBUNALESEl martes incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños.
Durante la jornada de hoy, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas con las que demuestran el esquema de corrupción utilizado por militares y policías para sustraer fondos públicos.
En la audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue.
La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación, y que, en el año 2022, ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso.
La investigación reveló que dicho inmueble fue adquirido en el año 2014 a la empresa Coinpro, pero el pago no fue realizado por Pérez Adames ni por Santana Martínez, sino, por el también imputado, general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola. Este último aparece como comprador de otras unidades funcionales (A-3 y A-4) del mismo complejo, utilizando como prestanombres a Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.
Durante la audiencia también declararon los testigos Yessenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos, cuyas declaraciones reforzaron la teoría del Ministerio Público sobre la ocultación de bienes. Uno de los casos señalados fue la colocación de una camioneta todoterreno a nombre de Cepín Peña, con la supuesta intención de traspasarla posteriormente a Manuel Alba Solano. Sin embargo, dicho traspaso nunca se formalizó, aunque el vehículo fue utilizado por los imputados.
En esta jornada también fueron incorporadas 24 tasaciones que evidencian los valores reales de los bienes adquiridos por los acusados. Entre ellos, figuran: propiedades pertenecientes al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, valoradas cada una en más de 50 millones de pesos.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo jueves 24 de julio con la producción de más pruebas por parte del Ministerio Público, que hasta la fecha ha presentado 262 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 88 informes periciales.
El hecho, captado en video que circula en redes sociales, no responde a enfrentamientos entre bandas, sino a un conflicto social entre los involucrados.
El caso continúa bajo investigación, y en manos de las autoridades competentes para aplicar lo que dispone la Ley de Aduanas 168-21
La última oferta de Hamas, según fuentes consultadas por el periódico israelí, incluía el intercambio de 200 prisioneros palestinos con condenas de cadena perpetua por diez rehenes israelíes, una propuesta que la delegación de Israel consideró “irrazonable”.
“Ustedes no han vuelto a ver los nombramientos de médicos y especialistas por concurso, que, aunque eran solicitados por el Colegio Médico, han entrado en contubernio con las autoridades por cuotas de asignaciones de sus allegados. Este proceder afecta grandemente a esa enorme cantidad de médicos y enfermeras que no tienen sus llamadas “cuñas o padrinazgo.”
El Ministerio Público demostró, durante el juicio, que el procesado incendió de forma intencional la vivienda en que vivía la víctima, poniendo en grave riesgo la vida de la mujer y violando una orden judicial de alejamiento.
El detenido, también conocido como “El Control de Mandinga”, era activamente buscado mediante orden judicial por hechos graves ocurridos en SDE.
La denuncia contiene 22 cargos, se presentó ante un Tribunal de Delaware y acusa a Owens de difundir afirmaciones «falsas» de que Brigitte Macron es hombre para «para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero».
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia establecieron que miembros de esa estructura movieron más de 189 millones de pesos
El Ministerio Público solicita que al imputado se le imponga prisión preventiva
En la audiencia que se conocerá este miércoles el órgano persecutor solicitará que al imputado le sea impuesta prisión preventiva