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la abuela del imputado, a quien este también hirió con un clavo en momentos en que la mujer trataba de evitar la agresión contra la niña.
TRIBUNALES21 de agosto de 2025 Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la petición del Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que agredió con un clavo a una hija de un año y once meses, en un hecho ocurrido la pasada semana en el municipio Villa Riva, de la provincia Duarte.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso la medida de coerción contra Wilker Peña Mota, apresado en flagrante delito y procesado por incurrir en abuso físico y psicológico contra la niña y violencia intrafamiliar agravada.
Durante las investigaciones se ha establecido que el hecho ocurrió luego de que el ahora procesado llegara a su vivienda en horas de la madrugada del citado día.
La solicitud de medida de coerción indica que, al llegar a su casa, Peña Mota se acostó y que luego empezó a hacer gestos, manifestando que estaba molesto. Detalla que el ahora procesado luego se levantó de manera violenta, y, ante la situación su pareja pidió auxilio, acudiendo al lugar un vecino al que también hirió con un vaso.
Posteriormente al lugar se presentó la abuela del imputado, a quien este también hirió con un clavo en momentos en que la mujer trataba de evitar la agresión contra la niña.
Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde los médicos determinaron que la infante presentaba heridas múltiples en región occipital, tórax anterior y posterior, abdomen, extremidad derecha e izquierda, y la señora herida en el hombro derecho.
La titular de la Fiscalía de San Francisco de Macorís, Smaily Rodríguez, informó que el Ministerio Público continúa ampliando la investigación del lamentable caso.
Distintas evidencias documentales acompañan la instancia con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Sandra Sierra Difo, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
El fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Josefina Noemí Díaz, del Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, impuso la medida de coerción para que sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la violación del artículo 396, letras A y B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como los artículos 307, 309- 2, 309-3, letra E, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
La jueza Díaz conoció la medida luego de que la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís rechazara una recusación interpuesta por la defensa del imputado.

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Son acciones, explica la DGM, que atienden a la necesidad de mantener, de forma permanente, controles migratorios eficientes.

Más de 200 agentes de la DIGESETT reforzarán la movilidad y el control en el entorno.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como evidencia un acta donde constan los elementos e instrumentos ocupados al imputado el día dieciocho (18) del mes en curso,).

El Ministerio Público califica la acción como una burla al proceso penal

El decomiso afecta a más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de la exmandataria y del resto de los culpables y que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la pesquisa. Los bienes y activos habían quedado embargados tras la condena.

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo, 16 de noviembre, en medio de un violento conflicto familiar. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados alrededor de las 8:50 de la mañana de ese día

El tribunal fijó la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, cuando se cumplen 32 días del primer receso.

El Ministerio Público recordó que el sistema de justicia de Puerto Rico reclama al dominicano por los cargos de distribución de más de cinco kilos de cocaína para ser importada ilegalmente a su territorio