Esta nueva denuncia, sumada al haber utilizado durante tres meses y medio una yipeta Honda CR-V 2024 mientras se encontraba retenida por el Ministerio Público, luego de haber sido enviada al país desde Estados Unidos, da lugar a "faltas muy graves" sancionadas con la destitución.
CORRUPCIÓNHace 5 horas Napoleón Fco. Marte
Santo Domingo.- Lo que parecía una simple transacción de compraventa de un vehículo terminó en un escándalo judicial que involucra nueva vez al fiscal Julio Saba Encarnación Medina, actualmente bajo investigación. El caso, revelado por El Informe con Alicia Ortega, expone una serie de contradicciones, posibles irregularidades y presunto uso indebido de vehículos bajo custodia del Ministerio Público.
La investigación detalla que la historia inicia con la venta de una camioneta Toyota Hilux, año 2009, por parte de Alberto de la Rosa a Jairo Vallejo, quien adquirió el vehículo para su negocio.
El informe indica que en junio de 2023, una certificación del Plan Piloto confirmaba que no existía ninguna denuncia ni querella relacionada con el vehículo. Sin embargo, tres meses más tarde, la misma institución alegó que el número de chasis había sido alterado y que el vehículo había sido reportado como robado en 2010.
La investigación, realizada a requerimiento del fiscal Encarnación Medina, concluyó que la camioneta coincidía con una denuncia de robo interpuesta por Giovanni Antonio Jiménez Cisnero, aunque el acta correspondiente carece de las firmas del denunciante y del oficial que la recibió.
Es preciso aclarar que en la Policía Nacional se hace de todo y de manera especial en el Plan Piloto. Ahí se fabrican y elaboran certificaciones y actas falsas. Desde hace mucho tiempo, estas actividades se realizan con el personal que trabaja en dichos departamentos, incluyendo oficiales encargados de diferentes áreas. Resulta sospechoso que en una denuncia no aparezcan las firmas del denunciante y del oficial que la recibe.
Además, se reporta que la camioneta ha tenido al menos seis propietarios desde 2009, sin que la supuesta denuncia afectara las transferencias.
Tras la intervención de la fiscalía, De la Rosa fue detenido y luego liberado bajo medidas de coerción, mientras Vallejo quedó endeudado con pagos mensuales por un bien que ya no posee.
Asimismo, una doctora, Lucilia Polanco, denunció a Encarnación Medina por negarse a devolverle una yipeta RAV4 2023, a pesar de que ella es su legítima propietaria.
Durante un intento de entrevista con Alicia Ortega, Encarnación Medina rechazó hablar del caso y adoptó una postura evasiva, incluso acusando erróneamente a la periodista de estar involucrada en otro expediente judicial.
El caso cobra aún más relevancia porque involucra al mismo fiscal denunciado la semana anterior por usar una yipeta Honda CR-V 2024 retenida por el Ministerio Público.
Esta nueva denuncia, sumada al haber utilizado durante tres meses y medio una yipeta Honda CR-V 2024 mientras se encontraba retenida por el Ministerio Público, luego de haber sido enviada al país desde Estados Unidos, da lugar a "faltas muy graves" sancionadas con la destitución del fiscal, las cuales están establecidas en los artículos 91, 91.1, 92 y 92.14 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público.
El hecho de que el fiscal Julio Saba Encarnación Medina haya utilizado de manera reiterada la yipeta Honda CR-V 2024, solo este uso reiterado da lugar a la destitución y se le pueden presentar cargos penales en su contra por violación al artículo 4, numeral 6 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El fiscal Julio Saba Encarnación Medina estuvo suspendido en el año 2008 mientras ejercía sus funciones en la Fiscalía Barrial de Los Ríos, Distrito Nacional. La suspensión fue realizada por el exprocurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, doctor Juan Amado Cedano, quien recomendó que fuera procesado en un juicio disciplinario para que allí respondiera por los hechos que se le imputan.
El fiscal Julio Saba Encarnación Medina estaba utilizando, durante tres meses y medio, una yipeta Honda CR-V 2024, con la justificación de que estaba retenida; la estaba usando de manera ilegal y sin autorización. A pesar de que debió ser investigado y suspendido por hecho comprobado y publicado.
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