DGM refuerza control migratorio y detiene 1,624 indocumentados mediante operaciones coordinadas de interdicción

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) resaltó sus esfuerzos para afrontar los riesgos inherentes a la inmigración irregular, al detener ayer a 1,624 extranjeros indocumentados mediante operativos de interdicción coordinados con instituciones de seguridad del Estado.

Las acciones para el control migratorio también produjeron 1,435 deportaciones de nacionales haitianos hacia su lugar de origen, quienes fueron entregados a las autoridades del vecino país tras haber sido gestionados conforme a los procedimientos legales, de respeto a sus prerrogativas y con el criterio humanitario correspondientes.

Las intervenciones oficiales, enfocadas en preservar la convivencia pacífica y la soberanía nacional, se desplegaron en la provincia Santo Domingo, donde hubo 256 aprehensiones; Santiago de los Caballeros y Jimaní, 65 en cada lugar; La Vega, 129; Mao/Santiago Rodríguez y Pedernales, 54 cada una; Zona Este, 68; Azua, 29; Barahona, 30; Dajabón, 86 y 64 en Elías Piña.

Igualmente se adicionan las capturas realizadas por fuerzas aliadas: Ejército de República Dominicana (387), CESFRONT (163), Policía Nacional (172) y Servicio Nacional de Protección Ambiental (2). En las operaciones también se tuvo la colaboración interinstitucional del Ministerio de Defensa, Armada, Fuerza Aérea, Ministerio Público, Ciutran, Digesett y otros organismos de seguridad, para garantizar una respuesta integral y eficiente.

Las repatriaciones, por su lado, fueron por la puerta binacional de Dajabón: 378 devueltos, por la de Elías Piña: 810, por Jimaní: 111 y por Pedernales: 136. Los indocumentados deportados procedían de los centros de procesamiento de extranjeros irregulares ubicados en Haina, Benerito, Santiago y los puntos fronterizos.

La DGM subraya que las interdicciones se llevan a cabo respetando la dignidad de las personas detenidas y apegas a valores fundamentales, con el objetivo estratégico de salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional mediante un enfoque de control migratorio que garantice que toda persona esté debidamente documentada y registrada, fortaleciendo así la convivencia y la seguridad ciudadana.