Imponen coerción a cuatro doctoras y a una alcaldesa por registro ilegal de defunciones

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal le impuso medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país a las cuatro profesionales de la medicina y a la alcaldesa pedánea del municipio Esperanza vinculadas al registro ilegal de defunciones en la provincia Valverde.

Las medidas fueron impuestas a Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, arrestadas el pasado viernes con orden judicial  en la sede de la Fiscalía de Valverde tras la obtención de evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de las defunciones.

El órgano persecutor estableció su vinculación al caso en el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que lleva  contra el procesado Máximo Mendoza, principal imputado del caso, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.

Mendoza registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).

Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), quienes están a cargo del caso, durante la audiencia aportaron suficientes evidencias con las que establecieron su vinculación a los hechos.

Al imponer las medidas de coerción establecidas en el artículo 226, numerales 2 y 4 del Código Procesal Penal Dominicano, la jueza Yiberty Polanco Herrán ordenó la presentación periódica los últimos viernes de cada mes ante el Ministerio Público y el impedimento de salida del país sin autorización judicial. Además, otorgó un plazo de doce meses al órgano persecutor para concluir las investigaciones y presentar acusación.

Los hechos

Máximo Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.

Según las investigaciones, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.

Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro profesionales de la salud imputadas.

El Ministerio Público ha establecido que personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban con el imputado negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.

El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.

En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.

El grupo es imputado de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, |147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.