
La investigación permitió establecer que parte de los objetos sustraídos fueron vendidos en un establecimiento de compraventa del municipio Santo Domingo Este.
La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no se especifica por razones de seguridad.
TRIBUNALES10 de octubre de 2025 Redacción
SANTO DOMINGO (República Dominicano).- A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres imputados del asesinato de un joven el pasado mes de agosto en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.
Los procesados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza) son imputados por el Ministerio Público de provocar la muerte a tiros al joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini).
Durante la audiencia se declararon válidos los arrestos de ambos imputados, efectuados conforme a la normativa procesal vigente, por su vinculación al caso en investigación, ocurrido en horas de la mañana del pasado 26 de agosto.
Como lo pidió el Ministerio Público, la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, declaró el proceso de tramitación compleja, en virtud de lo dispuesto en los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, al tratarse de un hecho vinculado a la delincuencia organizada.
La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no se especifica por razones de seguridad. Además, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo.
El Ministerio Público indicó que los encartados están siendo procesados por supuesta violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.

La investigación permitió establecer que parte de los objetos sustraídos fueron vendidos en un establecimiento de compraventa del municipio Santo Domingo Este.

La adolescente confesó que el agresor había abusado de ella sexualmente, aprovechaba los momentos que su progenitora no estaba para abusarla y para que no contara lo sucedido le ofrecía dinero.

Roberto Santana agradece los esfuerzos conjuntos que fortalecerán el sistema penitenciario.

La abogada de la propietaria fundamenta ahora la demanda indemnizatoria contra el Estado en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga a la administración a facilitar la ejecución de sentencias judiciales.

El Ministerio Público realizó evaluaciones psicológicas a la víctima, por medio de pruebas testimoniales, psicológicas, periciales, procesales y documentales.

La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).