Tribunal de Tokio falla a favor de extranjera por violación de privacidad

El Tribunal Superior de Tokio ordenó al Gobierno Metropolitano pagar 660.000 yenes en compensación a una mujer musulmana de origen surasiático y a su hija, tras determinar que un agente de policía reveló de forma ilegal su información personal a un tercero con el que mantenían un conflicto.

El caso se remonta a 2021, cuando la mujer y su hija, entonces de tres años, fueron abordadas en un parque de Tokio por un hombre japonés que las acusó de haber empujado a su hijo mientras jugaban. La discusión escaló y la policía intervino, interrogando a la madre y a la niña durante varias horas. Parte de la declaración de la menor se realizó sin la presencia de su madre.

Tiempo después, el hombre solicitó a los agentes los datos personales de la mujer, argumentando que planeaba presentar una demanda civil. Pese a que los oficiales sabían que el individuo había lanzado insultos racistas como “¡Extranjeros, váyanse a su país!”, el policía accedió a entregar su nombre, dirección y número de teléfono. El hombre publicó posteriormente esa información en internet.

El tribunal consideró que el agente “debió prever fácilmente el riesgo de acoso o difamación” al divulgar esos datos, y calificó la actuación como ilegal. Por esa razón, ordenó al Gobierno Metropolitano —del cual depende la Policía de Tokio— indemnizar a la madre y la hija con un total de 660.000 yenes.

Durante el proceso judicial, las autoridades metropolitanas defendieron que la entrega de la información fue “razonable” al tratarse de un conflicto civil. Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento.

Por otro lado, el juez descartó las acusaciones de la demandante sobre presuntos comentarios discriminatorios por parte del policía, al no encontrar pruebas suficientes de que hubiera actuado movido por prejuicios.

El Departamento de Policía Metropolitana señaló tras el fallo que analizará la sentencia antes de decidir si apelará.

De acuerdo con la legislación japonesa, cuando un funcionario público incurre en una falta durante el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad recae en la institución a la que pertenece. En este caso, al tratarse de un agente de la Policía Metropolitana, la indemnización deberá ser asumida por el Gobierno Metropolitano de Tokio, aunque este podrá evaluar posibles medidas disciplinarias internas contra el oficial implicado.