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La fiscal Yalissa Marina Candelario Rijo realizó el proceso penal abreviado, aceptando el imputado su culpabilidad en el caso.
Acusan a la Alcaldía de arrendar de forma ilegal una propiedad privada.
TRIBUNALESEl martes Redacción
Monte Plata, R.D. – La Oficina de Abogados del Dr. Ángel Contreras, en representación del señor Aurelio Winston Contreras Jorge, sometió ante el Tribunal de Tierras una demanda civil por daños y perjuicios ascendente a RD$20 millones contra el Ayuntamiento Municipal de Monte Plata y el señor José Manuel Mateo Contreras.
La acción judicial surge tras la firma, el pasado 25 de septiembre, de un contrato de arrendamiento mediante el cual el Ayuntamiento —representado por el Ing. Héctor Figaris— cedió el uso de 46.07 tareas de terreno, recibiendo como pago de impuesto RD$12 por tarea al año.
De acuerdo con la parte demandante, ese contrato invade directamente la propiedad privada del señor Aurelio Contreras, debidamente amparada en el Certificado de Título Matrícula No. 3000717200, emitido por el Registro de Títulos de Monte Plata. Por ello, el proceso busca la nulidad absoluta del contrato suscrito por la Alcaldía.
El Dr. Contreras sostiene que el acuerdo carece de validez jurídica por tres razones esenciales:
1. Falta de calidad del arrendador, al no ser el Ayuntamiento el propietario legítimo del terreno.
2. Falta de objeto cierto, ya que el contrato no define un objeto legal, claro ni predeterminado.
3. Inexistencia de causa lícita, pues el arrendatario carece de cualquier derecho posesorio válido. El terreno —según consta— ha sido ocupado de manera continua durante 27 años (desde 1992) por tres propietarios sucesivos: Agustín Martínez, Santa Orquídea Brea y Aurelio Contreras.
En consecuencia, la demanda solicita al tribunal declarar nulo y sin efecto el contrato, condenar al Ayuntamiento de Monte Plata al pago de RD$20,000,000.00 por daños morales y materiales, y ordenar el pago de costas y honorarios legales a los demandados.
La oficina legal afirma que el accionar del Ayuntamiento configura una presunta conspiración para despojar ilícitamente a un ciudadano de su propiedad, en franca violación a la Constitución dominicana, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y disposiciones del Código Civil.
“La seguridad jurídica de un país no puede descansar en autoridades que actúan al margen de la ley. Confiamos en que el Poder Judicial restablecerá el derecho de propiedad y la justicia en este caso”, declaró el Dr. Contreras.

La fiscal Yalissa Marina Candelario Rijo realizó el proceso penal abreviado, aceptando el imputado su culpabilidad en el caso.

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