Una alianza de 22 estados y dos gobernaciones presentó este jueves una demanda contra los nuevos gravámenes globales impuestos por el presidente Donald Trump. La acción judicial busca frenar los impuestos a las importaciones que la Casa Blanca estableció tras recibir un fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia.
Los fiscales generales de Oregón, Arizona, California y Nueva York lideran el recurso. Los demandantes sostienen que el mandatario excede sus facultades al planificar aranceles del 15% para gran parte del comercio mundial. Argumentaron que estas medidas incrementarán los gastos operativos de las administraciones, afectarán a las empresas y elevarán los precios para los ciudadanos.
¿A qué se debe la demanda?
La disputa surge luego de que Trump aplicó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La normativa, que carece de precedentes de uso, permite fijar aranceles de hasta el 15% por un periodo de cinco meses, salvo que el Congreso decida extenderlos, por lo que el presidente justificó la medida como una herramienta esencial para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos.
Los críticos y fiscales demócratas argumentan que la Sección 122 está obsoleta. Esta ley nació para gestionar crisis financieras cuando el dólar dependía del patrón oro, un sistema que terminó hace décadas. La normativa menciona “problemas fundamentales de pagos internacionales”, término que, según la demanda, no equivale al déficit comercial actual.
El gobierno federal activó estos cargos apenas cuatro días después de que la Corte Suprema anulara los aranceles previos el 20 de febrero. Inicialmente, la administración fijó un 10%, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessant, confirmó a CNBC que los elevarán al límite del 15% durante esta semana.
