Las protestas de 2018 fueron reprimidas por las autoridades y hubo unos 320 muertos.Es toda una arquitectura de vigilancia e inteligencia que incluye al ejército, la policía, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), las misiones diplomáticas y el partido.
Tiene un componente político que es dirigido por la jefatura de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar (DICIM), que determina la estrategia y los objetivos.
Pero hay un componente operacional también que sale de la Dirección de Información para la Defensa (DID), que ejecuta acciones de vigilancia.
Hay vigilancia en el terreno, vigilancia digital, hackeo de cuentas, spyware, monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones, campañas de difamación, sobre todo digitales, con granjas de trolls y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista y al partido que difunden acusaciones falsas, de terrorismo pero sobre todo de narcotráfico.
Existe la vigilancia física y tenemos varios casos de agentes encubiertos que siguen y fotografían a exiliados, principalmente en Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, España y Estados Unidos.
También vimos el uso de mecanismos internacionales como, por ejemplo, las alertas rojas de Interpol, donde acusan a las personas de crímenes que no cometieron.
O más sutiles y sencillos: se reportan a Interpol pasaportes como robados para que tengan problemas al viajar.
Además, difunden falsas acusaciones de lavado de dinero para activar advertencias en instituciones financieras.
¿Usted dice que utilizan el sistema mundial integrado de cooperación y facilitación de información para fines represivos?
Exactamente, eso digo.
En su informe, el Grupo de Expertos señala que "en la más alta instancia, las decisiones las han tomado la Sra. Murillo, el asesor presidencial para asuntos de seguridad e inteligencia (que ocupó el cargo hasta agosto de 2025), el viceministro del Interior y altos dirigentes del FSLN".
"Ellos son quienes determinan qué nicaragüenses exiliados deben ser objeto de persecución, definen 'categorías de amenaza' y deciden las medidas que deben adoptarse", agrega.
El informe documenta una campaña sistemática para borrar identidades, eliminación de actas de nacimiento, negación de pasaportes, privación de entrada. ¿Qué busca el gobierno?
El objetivo es silenciar. Daniel Ortega y Rosario Murillo han conseguido consolidar su control total dentro de Nicaragua, pero como hay tantos nicaragüenses en el exterior, casi un 12% de la población, allí está el principal reservorio de potenciales disidentes.
No pueden renovar sus pasaportes o sus documentos, y se les niega el regreso a Nicaragua. Es una desnacionalización de facto, una muerte civil.
La idea del gobierno nicaragüense es fastidiar a los que pueden oponerse desde afuera.
Esto se suma a los 452 casos de privación formal de nacionalidad, como pasa con Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Todos los opositores importantes en el país han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad por órdenes judiciales, cosa que es única en el mundo en la escala que lo hace Nicaragua.
