SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la petición formulada por el Ministerio Público, una jueza de la provincia La Altagracia dictó 18 meses de prisión preventiva a un hombre vinculado a una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que estuvo prófugo durante casi cinco meses.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Pealaft) y la Fiscalía de La Altagracia solicitaron, además, que el caso contra el procesado Pedro Luis Cordero Espinal (también conocido como Luis Pérez, Carlos Andrés Gómez o José Alfaro) fuera declarado complejo, conforme a los artículos 376 y 377 del Código Procesal Penal (Ley 97-25), petición que también fue acogida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia.
Cordero Espinal había permanecido prófugo de la justicia por aproximadamente cuatro meses y veinticuatro días, desde el 18 de octubre de 2025, fecha en que se ejecutaron diecisiete allanamientos simultáneos en el marco de la investigación.
Su arresto fue materializado, mediante la ejecución de la orden de allanamiento núm. 00937-2026, en un apartamento ubicado en el sector Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, donde se mantenía oculto. La operación fue dirigida por el procurador de corte Pedro Medina Quezada, adscrito a la Pealaft.
La investigación, desarrollada conjuntamente por la Pealaft, la Fiscalía de La Altagracia, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) del órgano antinarcóticos, las cuales contaron con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.
Cordero Espinal formaba parte de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y el lavado de activos que operaba utilizando complejos turísticos del este del país para enviar cocaína desde Colombia hacia Puerto Rico, el territorio continental de Estados Unidos y Europa.
El primer gran evento ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando en un complejo turístico del este fueron arrestados tres miembros de la red y se incautaron 993 paquetes de cocaína clorhidratada, con un peso de 1,027.15 kilogramos, a bordo de una embarcación.
Con posterioridad, el 18 de octubre de 2025, un segundo operativo simultáneo resultó en la ocupación de 666.27 kilogramos adicionales de cocaína en San Rafael del Yuma, así como armas, dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentación financiera vinculada a la red.
Las evidencias recopiladas demuestran que el imputado sostuvo, el 2 de junio de 2025, una reunión en un restaurante de Santiago con un dominicano prófugo y ciudadanos puertorriqueños vinculados a la organización.
Apenas cuatro días después de ese encuentro, Cordero Espinal viajó a Bogotá, Colombia, país de origen de la cocaína incautada, retornando el 13 de junio de 2025, lo que la investigación vincula directamente con las actividades logísticas de la red criminal.
Adicionalmente, el análisis financiero reveló que entre 2015 y 2025 movilizó en sus cuentas bancarias RD$79,606,437.60 y US$249,618.83, fondos incompatibles con sus únicos ingresos laborales formales declarados ante la Tesorería de la Seguridad Social, los cuales corresponden apenas a siete meses de cotizaciones con un salario de RD$15,000.00 mensuales, sin registrar actividad laboral desde abril de 2018.
Entre los bienes y elementos incautados al imputado figuran: un apartamento en la Torre Emporium Tower, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional; una embarcación denominada Beto-III, matrícula LR-B24-303BCH; una camioneta Isuzu D-Max 4WD año 2026; dos solares en la Avenida Palma Real, municipio Guerra; un Jeep Grand Cherokee, así como documentos de identidad con su rostro bajo nombres distintos, licencias de conducir de los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania, un detector de dispositivos GPS/SPY; una libreta con registros de ingresos en efectivo con una meta de RD$10,000,000.00 para 2025, y un recibo de compra de un reloj Rolex Sky-Dweller valorado en RD$888,000.00.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador fiscal José Manuel Calzado, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Nellivet Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia.
Las titulares interinas de la Pealaft y la Fiscalía de La Altagracia, procuradora de corte Ramona Nova Cabrera y Claudia Lorena Garrido reiteraron el firme compromiso de ambos equipos en continuar ejecutando los lineamientos trazados por la actual gestión del Ministerio Público en su lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.
La jueza Francis Reyes Diloné, coordinadora de los juzgados de atención permanente de La Altagracia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey, de esa provincia.
