Un restaurante de Texas deberá pagar 21 millones de dólares por robo de propinas a sus trabajadores

La sentencia federal contra Perry’s Steakhouse & Grille en Texas obliga al pago de más de 21 millones de dólares por robo de propinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Texas ha emitido una de las sentencias más severas en la historia reciente contra una cadena de restaurantes por prácticas laborales irregulares. La resolución, dictada por el juez federal Robert Pitman, obliga a Perry’s Steakhouse & Grille, con sede en Houston, a desembolsar más de 21 millones de dólares tras perder una demanda colectiva interpuesta por un grupo de 750 camareros. Este fallo, resultado de años de litigio, pone en el centro del debate nacional el manejo de las propinas y los derechos de los trabajadores en la industria restaurantera de Estados Unidos.

La condena de Perry’s Steakhouse & Grille se originó tras comprobarse que la empresa implementó un sistema de reparto de propinas que contravenía abiertamente la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). Según los documentos judiciales, la cadena forzaba a sus camareros a entregar una parte significativa de sus propinas semanales a un fondo común obligatorio. Este esquema no solo afectaba de manera directa el ingreso de quienes dependían de las gratificaciones de los clientes para complementar su salario, sino que además distorsionaba el propósito de las propinas en la dinámica laboral de un restaurante.

El fondo común impuesto por la empresa no tenía como finalidad repartir de manera equitativa las ganancias entre el personal de servicio. Por el contrario, la recaudación de este fondo se destinaba al pago de salarios de empleados que, por la naturaleza de sus funciones, no suelen recibir propinas —como cocineros o personal de limpieza—. De este modo, la cadena lograba reducir sus costos operativos transfiriendo parte de la carga salarial a los ingresos obtenidos por los camareros gracias a la generosidad de los clientes.

La demanda iniciada en 2022 detalla cómo los responsables del restaurante, incluyendo a su propietario Christopher Perry, establecieron este mecanismo bajo la premisa de que era una medida interna de la empresa. Los trabajadores afectados denunciaron que se les obligaba a entregar una fracción considerable de sus percepciones semanales, en un sistema que permaneció vigente durante varios años y que terminó siendo el eje de la controversia judicial.