Campamento Este Montana.
Una inspección reciente en el centro de detención de inmigrantes más grande del país identificó docenas de violaciones a las normas nacionales que pudieron exponer a los detenidos a uso excesivo de la fuerza, enfermedades y condiciones inseguras.
Informe de ICE documenta 49 deficiencias
Según un informe publicado esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Supervisión de Detenciones realizó una inspección de tres días en febrero en el Campamento Este Montana, ubicado en El Paso, Texas.
El informe identificó 49 deficiencias, incluyendo violaciones en áreas como uso de la fuerza, restricciones, seguridad y atención médica. Esta es la primera inspección publicada desde la apertura apresurada del campamento el verano pasado.
El número de deficiencias es inusual. Otras inspecciones de la oficina en 2026 registraron un máximo de 13 deficiencias.
Reacciones de familiares y expertos
“El campamento de East Montana se merece una calificación pésima”, declaró el abogado Randall Kallinen, representante de la familia de un detenido fallecido en enero, una de las al menos tres muertes registradas desde la apertura. “Los detenidos corren riesgo de abuso, atención médica inadecuada y conflictos con otros internos”.
Suspensión de nuevos almacenes y capacidad del campamento
El informe se publica mientras el Departamento de Seguridad Nacional suspende la compra de almacenes que podrían albergar hasta 7,000 inmigrantes. Hasta el 5 de febrero, el campamento alojaba a casi 3.000 detenidos por día, la mayoría hombres sin condenas penales.
El ICE reemplazó al contratista principal, Acquisition Logistics LLC, tras intensos cuestionamientos por las condiciones del campamento. La empresa había recibido un contrato de hasta $1,300 millones de dólares pese a no tener experiencia en el sector. Ni la empresa ni su presidente, Ken Wagner, respondieron solicitudes de comentarios.
Nuevo contratista asumió operaciones
El 12 de marzo, Amentum Services asumió la gestión del campamento con un contrato de casi 453 millones de dólares hasta el 30 de septiembre, incluyendo servicios de detención, transporte y atención médica. Los detenidos permanecen allí días o semanas antes de su deportación o traslado a otros centros.
