La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la considera corrupta y antidemocrática, defendió el jueves su postulación para un tercer período, la última carta que se juega para mantener su inmunidad.
Porras, quien además enfrenta denuncias de la ONU por adopciones ilegales, compareció ante una comisión que definirá la baraja de candidatos de la cual será elegido el fiscal por parte del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, cuya posesión intentó impedir la funcionaria hace dos años.
Guatemala lleva adelante un proceso para renovar instituciones clave del poder judicial, al que solo le resta la fiscalía, cuyo titular asumirá el 17 de mayo.
Porras, de 72 años, fracasó recientemente en su intento por llegar a una de las altas cortes, lo que la hubiera blindado legalmente.
«He representado la (…) legalidad, la institucionalidad, la honorabilidad y el trabajo. Por eso he sido muy criticada», dijo a los comisionados la fiscal, sancionada también por la Unión Europea.
Pero el rechazo de un sector a Porras quedó patente en la sala, cuando al ingresar decenas de indígenas y activistas le dieron la espalda.
Una comisionada le preguntó por qué postulaba si enfrentaba acusaciones y «rechazo social». Ha habido «resultados contundentes», respondió.
Arévalo acusa a Porras de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Aunque está descartado que el presidente pueda elegirla, a la fiscal se le atribuye un enorme poder en el sistema de justicia, que en este tipo de elecciones otorga más peso a la experiencia que a la ética.
Los señalamientos contra la fiscal se fundan en actuaciones contra exfuncionarios antimafia y periodistas, muchos exiliados, y por bloquear la posesión de Arévalo.
«Pareciera que la única razón» por la que busca ser reelegida es «generar algún tipo de blindaje» ante procesos «que seguramente surgirán» cuando salga, declaró a AFP el abogado peruano José Ugaz, de un panel de expertos que observa la elección.
Si bien la fiscal adujo eficiencia, este indicador, medido en casos que obtienen respuesta, cayó de 14% a 6% en su período, comentó a AFP Hugo Mangione, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina.
En febrero, el mismo día que quedó fuera de la carrera por la corte constitucional, expertos de la ONU vincularon a Porras con adopciones ilegales de unos 80 niños indígenas en los años 1980, durante la guerra civil, lo que ella rechazó.
El grupo señaló que los menores fueron entregados en adopción tras ser llevados a un hogar estatal donde Porras era directora y «tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982».
