
Ante la indignación colectiva, la Cámara de Cuentas deja sin efecto el aumento ilegal que pretendía sustraerle al pueblo dominicano

Santo Domingo. — El Pleno de la Cámara de Cuentas anuló el incremento ilegal, abusivo y desconsiderado de beneficios económicos que pretendían sustraerle al pueblo dominicano, el cual habían aprobado previamente para sus miembros, una decisión que había generado controversias en todos los sectores.
La información fue confirmada a través de una carta remitida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en la que se notifica la revocación de la Resolución No. ADM-2026-017, emitida el 13 de marzo de 2026.
Dicha resolución contemplaba un aumento en los beneficios de los integrantes del órgano fiscalizador.
En su respuesta, De los Santos valoró la decisión como una rectificación oportuna, destacando que la medida constituye un acto de responsabilidad institucional.
Aunque el legislador no detalla las razones que llevaron al órgano a reconsiderar su postura, deja entrever que la acción responde a cuestionamientos legales, particularmente en torno al artículo 140 de la Constitución, que regula este tipo de disposiciones.
Señal de rectificación
El presidente del Senado calificó la decisión como un “acto de mea culpa”, subrayando que enmendar errores a tiempo fortalece la institucionalidad democrática.
A su juicio, este tipo de acciones contribuye a reafirmar el compromiso de los órganos del Estado con la legalidad, la ética y la transparencia.
“El hecho de corregir a tiempo un proceder que podría interpretarse como contrario al ordenamiento jurídico, honra el ejercicio responsable de la función pública”, plantea el documento.
Asimismo, De los Santos sostuvo que esta rectificación envía una señal positiva a la ciudadanía, en momentos en que la confianza en las instituciones es un elemento clave para la estabilidad democrática.
El titular del Senado expresó que acoge la decisión del Pleno de la Cámara de Cuentas, al considerar que contribuye a fortalecer la confianza pública y a consolidar una cultura de integridad en la administración estatal.


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