En un intento por contener la propagación del covid, Corea del Norte cerró sus fronteras en enero de 2020, y el informe señala que la nación pasó los años posteriores reforzando la seguridad.
En ese nuevo escenario, activistas afirman que el cierre de fronteras empeoró los abusos y violaciones de derechos humanos en Corea del Norte.
El informe de la oenegé Transitional Justice Working Group concluyó que el número de ejecuciones más que se duplicó en los casi cinco años posteriores al cierre fronterizo, en comparación con el mismo período anterior.
El número de personas condenadas también se triplicó en el mismo lapso, según el documento.
Los casos de pena de muerte relacionados con la cultura extranjera, la religión y la «superstición» aumentaron en un 250% tras el cierre de la frontera.
Casi tres cuartas partes de las ejecuciones se llevaron a cabo en público, y la mayoría de las personas fueron ejecutadas por fusilamiento, según el informe.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó el año pasado que la situación general de los derechos humanos en Corea del Norte durante la última década no había mostrado ninguna mejora y, en muchos casos, había empeorado.
