La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) respaldó la Ley 88-26, que establece una prórroga de 18 meses para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas.
El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, expresó su satisfacción porque el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acogieron la solicitud que había realizado públicamente el sector empresarial e industrial para posponer la entrada en vigor de estas nuevas obligaciones.
La normativa comenzará a aplicarse el 5 de mayo de 2028, en lugar del 5 de noviembre de 2026, como estaba previsto inicialmente.
“El sector empresarial e industrial no estaba preparado para asumir en un plazo tan corto las nuevas obligaciones establecidas en la legislación”, resaltó en un comunicado.
Viro explicó que el período adicional permitirá a las empresas prepararse para cumplir con las nuevas obligaciones legales y facilitará una implementación ordenada de las disposiciones.
Exhortó a las compañías a establecer desde ahora los procedimientos internos de prevención, supervisión y control necesarios para cumplir con la legislación.
Llamó a revisar los procedimientos internos, comprobar el funcionamiento de los controles y definir claramente las responsabilidades dentro de las organizaciones, con el propósito de desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento.
La ampliación del plazo busca permitir que las personas jurídicas sujetas a estas disposiciones realicen los ajustes y adecuaciones necesarios para cumplir con el nuevo régimen de responsabilidad penal.
La prórroga comprende los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal dominicano, los cuales establecen las condiciones bajo las que las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas penalmente por determinados delitos vinculados a sus actividades.
Entre las sanciones contempladas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución de empresas. La aplicación de estas medidas requiere un proceso judicial que determine la responsabilidad de la persona jurídica, conforme a las disposiciones legales correspondientes.
