El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves, con un debate centrado en cuestiones técnicas antes de dar paso a las primeras declaraciones testimoniales, un proceso que se llevará a cabo durante dos días a la semana, cuenta con al menos 100 testigos y podría extenderse hasta julio próximo.
El Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, compuesto por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
Durante la primera audiencia, el fiscal Patricio Ferrari y el abogado querellante Fernando Burlando aseguraron que hubo «desamparo» y un «plan para asesinar» al astro del fútbol, mientras las defensas dividieron sus estrategias y apuntaron contra los principales imputados. Las siguientes audiencias se realizarán los martes y jueves.
En la etapa final del juicio, el tribunal escuchará los alegatos de la fiscalía y las defensas antes de fijar una fecha para el veredicto, en caso de haber condenas, la sentencia no implicará necesariamente una detención inmediata, ya que deberá quedar firme en instancias superiores.
Los imputados en el juicio
El neurocirujano Leopoldo Luque, de 43 años, y la psiquiatra Agustina Cosachov, de 40 años, son los principales imputados por la fiscalía de dejar a Maradona “en una situación de desamparo” y “librado a su suerte” en una vivienda rentada de Tigre, al norte de Buenos Aires, y no en un hospital.
Luque fue uno de los médicos de cabecera que insistió en la modalidad de atención domiciliaria como el método más eficaz para la recuperación del astro del fútbol argentino, mientras que Cosachov no habría administrado la medicación de forma correcta desentendiéndose de los efectos secundarios y falsificado un certificado de visita médica, que nunca hizo.
El resto del banquillo lo componen el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; la médica coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz. Cada uno será juzgado por su presunta responsabilidad en el tratamiento del Diez.
