La Corte Suprema indicó que la única prueba fehaciente es la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín y el consorcio, pero que esto no sería suficiente para probar el delito del que se acusa a Vladimir Cerrón.
CORRUPCIÓN26 de marzo de 2025 INCERTIDUMBRE
Luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al prófugo líder de Perú Libre del delito de colusión agravada en el denominado caso Aeródromo Wanka, Vladimir Cerrón dijo que anterior fallo es una prueba de la politización en las sentencias que dictan en el país.
El exgobernador regional de Junín se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que no existen pruebas de un acto de concertación.
“Absuelto del caso Aeródromo Wanka. La Corte Suprema de Justicia acaba de revocar y absolvernos de la sentencia arbitraria por el delito de colusión. Precisa que no existen pruebas de un acto de concertación, la sentencia transgredió la motivación y el razonamiento de la prueba indiciaria”, señaló.
Además, para Vladimir Cerrón, la anterior sentencia demuestra la politización de los fallos judiciales en Perú. “Constituye una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas en el país, quedando demostrado que no solo me sentenciaron sin pruebas, sino además en un caso prescrito”, ecribió en su cuenta “X”.
Fallo
Cabe precisar que la citada sala presidida por el juez supremo César San Martín revocó la sentencia que condenó al exgobernador regional de Junín Cerrón a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Asimismo, redujo la reparación civil de 800 mil soles a S/250 mil que deberá pagar junto a los otros implicados en el caso.
La Corte Suprema sostiene que si bien el proceso de adjudicación del “Aeródromo Wanka” tuvo una serie de irregularidades, entre ellas la falta de opinión del Ministerio de Economía, de experiencia del consorcio y de la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no existe base probatoria para señalar que se quiso defraudar al Estado.
El juez San Martín indicó que a pesar de ello se trató de un proceso que siguió sus propios pasos desde la legislación sobre inversión privada, “aunque incumpliendo, pero no se ocultó ni fue clandestino que fue lo que al final de cuentas lo que determinó la intervención de las autoridades nacionales y la anulación del contrato”.
La Corte Suprema indicó que la única prueba fehaciente es la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín y el consorcio, pero que esto no sería suficiente para probar el delito del que se acusa a Vladimir Cerrón.
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