
Amigos, familiares de fugitivos de Nueva Orleans arrestados por ayudar a escapar de la cárcel
La ayuda se dio tanto antes como después de que los hombres escaparon de la cárcel, según muestran los registros.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a la jueza que no estaban “en una posición” en la que “puedan” compartir ninguna información solicitada por la corte. “Esa es la realidad”.
TRIBUNALES11 de abril de 2025 INCERTIDUMBREEl Gobierno de Trump se negó este viernes a comunicar a una jueza federal el paradero o la situación de Kilmar Armando Ábrego García, el hombre deportado por error a El Salvador el mes pasado a pesar de una orden judicial.
“Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?”, preguntó la jueza de distrito estadounidense Paula Xinis al inicio de una audiencia celebrada este viernes en Greenbelt, Maryland.
El abogado del Departamento de Justicia (DOJ), Drew Ensign, dijo que no tenía la respuesta. “No me han proporcionado esa información”, indicó.
“Hoy no hay pruebas de dónde está”, dijo la jueza después. Y añadió: “Eso es extremadamente preocupante”.
Tras la tensa audiencia, la jueza ordenó al Gobierno de Trump que le proporcione actualizaciones diarias sobre cómo está llevando a cabo su deber de asegurar el regreso de Ábrego García.
El abogado del Departamento de Justicia esquivó repetidamente las preguntas de la jueza Xinis, que intentaba obtener detalles sobre el estado de Ábrego Garcia.
La jueza dijo que las actualizaciones deberán presentarse en forma de una declaración jurada de una persona con conocimiento personal de la situación. La persona debe responder una serie de preguntas que la jueza ya ha planteado al gobierno, incluyendo “la ubicación física actual y el estado de custodia de Ábrego Garcia”; “qué pasos, si es que los hay, han tomado los demandados para facilitar el regreso inmediato de Ábrego Garcia a los Estados Unidos”, y “qué pasos adicionales tomarán los demandados, y cuándo, para facilitar su regreso”.
“Espero que cumplan de buena fe,” le dijo Xinis al abogado Ensign, añadiendo que incluso si la respuesta es que el gobierno no tiene información que proporcionar, ella quiere saberlo todos los días.
“Es importante dejar constancia en un caso de esta naturaleza”, dijo la jueza.
Los idas y vueltas entre el departamento de Justicia y la jueza federal
El viernes, los abogados del Departamento de Justicia no cumplieron con el plazo de las 9:30 a.m., ni con otro otorgado para las 11:30, hora de Miami, que la jueza Paula Xinis dio al Gobierno para presentar una declaración jurada de una persona “con conocimiento personal” de los pasos que el Gobierno ha tomado o planea tomar para asegurar el regreso de Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado el 15 de marzo.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a la jueza que no estaban “en una posición” en la que “puedan” compartir ninguna información solicitada por la corte. “Esa es la realidad”.
En la escueta presentación a Xinis, los abogados del gobierno argumentaron que “no es razonable ni practicable que los Demandados revelen los pasos potenciales antes de que esos pasos sean revisados, acordados y vetados”.
“Los asuntos exteriores no pueden funcionar con plazos judiciales, en parte porque implican consideraciones delicadas específicas de cada país totalmente inapropiadas para la revisión judicial”, escribieron.
La ayuda se dio tanto antes como después de que los hombres escaparon de la cárcel, según muestran los registros.
De la Mata también aclaró que el conteo de votos estará a cargo del personal de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE), personas apartidistas.
Franco Aybar es procesado por abuso sexual infantil y la madre de la víctima por delitos de explotación sexual y lavado de activos.
El órgano persecutor probó que el hoy procesado violó las disposiciones establecidas en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
El ex funcionario está acusado de participar en un esquema de corrupción que involucra el desvío de 520 millones de pesos de recursos públicos.
Los magistrados dijeron que no correspondía hacer lugar a que el proceso siguiera con ellos en la corte y con un juez reemplazante de Makintach. Entendieron que se debía “sortear otro tribunal” y garantizar que los acusados sean juzgados en un plazo razonable.