El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
TRIBUNALES23 de abril de 2025 INCERTIDUMBRE
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un empleado penitenciario que se dedicaba a estafar comerciantes.
La jueza Fátima Veloz acogió la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, la que deberá cumplir en Nanaya Hombre, de San Cristóbal.
El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
El imputado, Antonio Beato Dionicio, quien ejercía las funciones de encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la DGSPC, se dedicaba a contactar a representantes de múltiples empresas a los que estafaba simulando que los productos que le despachaban estaban dirigidos al Servicio Penitenciario.
El imputado entregaba a los estafados documentaciones falsas como parte de sus maniobras fraudulentas. Los hechos imputados hasta el momento constituyen falsedad en escritura pública (artículos 145, 146 y 148 del Código Penal Dominicano), prevaricación (artículos 166 y 167) y estafa (artículo 405).
El Ministerio Público exhortó a cualquier persona o comercio que haya sido víctima de los referidos actos delictivos a que acudan por ante su Dirección General de Persecución a presentar la denuncia o querella correspondiente contra el imputado, a fin de que puedan encauzar sus debidos reclamos en el marco del presente proceso.
Wilson Camacho lamentó que desde el Poder Judicial solo se predique de ese tema en la teoría y en el discurso. Sobre el arresto domiciliario de los militares y civiles arrestados en la Operación Lobo.
Abreu se fugó de una celda del cuartel donde fue llevado tras habérsele ocupado más de un kilogramo de cocaína y un arma de fuego ilegal, tipo pistola Glock, así como joyas y dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos dominicanos.
El grupo logró captar recursos económicos en perjuicio de 192 personas con falsas promesas de inversión rentable
Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.
El Supremo coincidió en que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y en que varias evidencias recogidas por los investigadores no tenían validez procesal al haberse obtenido de manera ilegal.
Un fiscal estadounidense lo acusó en abril ante una corte de Nueva York de liderar una organización de criminal que traficaba armas y municiones en ese país y de ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.