El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
TRIBUNALES23 de abril de 2025 INCERTIDUMBRE
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un empleado penitenciario que se dedicaba a estafar comerciantes.
La jueza Fátima Veloz acogió la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, la que deberá cumplir en Nanaya Hombre, de San Cristóbal.
El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
El imputado, Antonio Beato Dionicio, quien ejercía las funciones de encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la DGSPC, se dedicaba a contactar a representantes de múltiples empresas a los que estafaba simulando que los productos que le despachaban estaban dirigidos al Servicio Penitenciario.
El imputado entregaba a los estafados documentaciones falsas como parte de sus maniobras fraudulentas. Los hechos imputados hasta el momento constituyen falsedad en escritura pública (artículos 145, 146 y 148 del Código Penal Dominicano), prevaricación (artículos 166 y 167) y estafa (artículo 405).
El Ministerio Público exhortó a cualquier persona o comercio que haya sido víctima de los referidos actos delictivos a que acudan por ante su Dirección General de Persecución a presentar la denuncia o querella correspondiente contra el imputado, a fin de que puedan encauzar sus debidos reclamos en el marco del presente proceso.
Los operativos se concentraron en diversas regiones clave que incluyen el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron a 187 personas, en Santiago 43, en Mao / Santiago Rodríguez 93, en Azua 19, en Barahona 34, en Dajabón 155, en Elías Piña 156, en Jimaní 184 y 72 en Pedernales.
Producto del incidente, uno de los agentes resultó herido en la frente por un pedazo de block mientras que uno de los extranjeros resultó lesionado por disparos de cartuchos de goma y perdigones.
Les otorgo la libertad a los imputados, concediéndoles garantía económica mediante contratos.
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En el escrito de acusación, de 20 páginas, se acusa al alcalde de «falsificación reiterada» y se afirma que «obtuvo el diploma de forma fraudulenta y participó en el delito de falsificación».
El arma fue vinculada a la escena del crimen mediante análisis balísticos, al coincidir los casquillos recolectados con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.