El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
TRIBUNALES23 de abril de 2025 INCERTIDUMBRE
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un empleado penitenciario que se dedicaba a estafar comerciantes.
La jueza Fátima Veloz acogió la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, la que deberá cumplir en Nanaya Hombre, de San Cristóbal.
El Ministerio Público puso en marcha, a través de su Dirección General de Persecución, un proceso penal contra un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suspendido previamente y ahora sometido ante los tribunales bajo cargos de estafa y otros delitos.
El imputado, Antonio Beato Dionicio, quien ejercía las funciones de encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la DGSPC, se dedicaba a contactar a representantes de múltiples empresas a los que estafaba simulando que los productos que le despachaban estaban dirigidos al Servicio Penitenciario.
El imputado entregaba a los estafados documentaciones falsas como parte de sus maniobras fraudulentas. Los hechos imputados hasta el momento constituyen falsedad en escritura pública (artículos 145, 146 y 148 del Código Penal Dominicano), prevaricación (artículos 166 y 167) y estafa (artículo 405).
El Ministerio Público exhortó a cualquier persona o comercio que haya sido víctima de los referidos actos delictivos a que acudan por ante su Dirección General de Persecución a presentar la denuncia o querella correspondiente contra el imputado, a fin de que puedan encauzar sus debidos reclamos en el marco del presente proceso.
Durante el acto, que organizaron y realizaron en uno de los salones del Centro Cultural de España, en Zona Colonial
La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la condena contra el procesado por muerte de Yuniol Ramírez y extorsión desde la OMSA
De igual manera, obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.
El procesado Diego Geraldo Mesa Arismendy enfrenta cargos por el crimen de Perla Jokasta Santos Pacheco ocurrido en el sector Los Guandules el pasado día 26.
Los agentes que custodian el centro encontraron a la víctima sin signos vitales al verificar la celda, en el pabellón de aislamiento, durante el conteo matutino.
Fruto de los golpes que le propinaron, el mayor Sosa quedó postrado en el suelo, lo que aprovechó el ahora condenado para subir a su vehículo y atropellarlo.