
Previo al hecho, la víctima llamó al destacamento de Hato San Pedro y envió un video donde se observa al imputado exhibiendo un arma larga, una especie de metralleta.

La Policía boliviana detuvo este lunes a la jueza Lilian Moreno, quien hace unos días anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por un caso de trata agravada de personas, y debe responder por acusaciones de prevaricato y resoluciones contra la Constitución.
La jueza fue detenida por un grupo de policías cuando se trasladaba desde su casa en la ciudad oriental de Santa Cruz lugar en donde trabaja, según el testimonio de una familiar que la acompañaba.
«La jueza ha sido secuestrada brutalmente, la sacaron del auto, no presentaron en ningún momento una orden de aprehensión», relató la mujer que se identificó como prima de la jurista y que explicó que la detención se produjo a las 7:30 de la mañana (11:00 GMT).
Se conoce que Moreno fue llevada al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, para luego ser trasladada a La Paz, según la declaración de su abogado a los medios locales.
Nulidad de la orden de aprehensión
El miércoles, la defensa de Morales (2006-2019) dio a conocer el auto constitucional que emitió Moreno y que dispuso la nulidad de la orden de aprehensión que existía contra el exmandatario, además del traslado del proceso al Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
El fallo de la juez Moreno fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de una investigación.
El viernes esa orden se emitió de nuevo
El viernes se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso mantener activa la orden de aprehensión en contra de Morales.
El fallo de Zabaleta señaló que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso, aunque la medida fue desconocida por los abogados de Morales.

Previo al hecho, la víctima llamó al destacamento de Hato San Pedro y envió un video donde se observa al imputado exhibiendo un arma larga, una especie de metralleta.

El Ministerio Público realizó a la víctima evaluaciones psicológicas y recabó pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales que probaron la veracidad de los hechos.

Sintió una incertidumbre similar el miércoles mientras esperaba sentencia por usar su placa de la DEA para proteger a algunos de sus amigos de la infancia que se convirtieron en prolíficos traficantes de drogas en Buffalo, Nueva York.

El tribunal ordenó que cumpla la prisión, que le será revisada cada tres meses, en la cárcel del centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Ante la denuncia, las víctimas fueron sometidas a evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos.

El Ministerio Público continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de Operación Cobra.