La Policía boliviana detuvo este lunes a la jueza Lilian Moreno, quien hace unos días anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por un caso de trata agravada de personas, y debe responder por acusaciones de prevaricato y resoluciones contra la Constitución.
La jueza fue detenida por un grupo de policías cuando se trasladaba desde su casa en la ciudad oriental de Santa Cruz lugar en donde trabaja, según el testimonio de una familiar que la acompañaba.
«La jueza ha sido secuestrada brutalmente, la sacaron del auto, no presentaron en ningún momento una orden de aprehensión», relató la mujer que se identificó como prima de la jurista y que explicó que la detención se produjo a las 7:30 de la mañana (11:00 GMT).
Se conoce que Moreno fue llevada al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, para luego ser trasladada a La Paz, según la declaración de su abogado a los medios locales.
Nulidad de la orden de aprehensión
El miércoles, la defensa de Morales (2006-2019) dio a conocer el auto constitucional que emitió Moreno y que dispuso la nulidad de la orden de aprehensión que existía contra el exmandatario, además del traslado del proceso al Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
El fallo de la juez Moreno fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de una investigación.
El viernes esa orden se emitió de nuevo
El viernes se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso mantener activa la orden de aprehensión en contra de Morales.
El fallo de Zabaleta señaló que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso, aunque la medida fue desconocida por los abogados de Morales.
El hecho ocurrió el 20 de junio de 2025, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en el momento en que la víctima abordaba una camioneta marca Chevrolet que se encontraba estacionada frente a la marquesina de su vivienda, en el residencial Omelia de La Vega
Su traslado estaba programado para el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR San Pedro de Macorís).
Su arresto es parte del reforzamiento de los operativos de búsqueda y captura de prófugos de la justicia estadounidense.
Taló árboles de pino para abrir vías de acceso en unos terrenos ocupados de manera ilegal en el municipio de Jarabacoa.
Conforme a la acusación derivada de la Operación Calamar, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública
A los imputados se les sindica como parte de un entramado que se dedicaba a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil, bajo el sustento de documentos falsos.