Corte Suprema permite quitar protección legal a miles de venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este lunes (19.05.2025) al presidente de ese país, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más 350.000 venezolanos, cuyo futuro queda ahora a la deriva a la espera de lo que decidan otras instancias judiciales. Está previsto que el litigio por este caso continúe ahora en cortes inferiores.

El juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente en marzo la decisión del gobierno de revocar el TPS por estimar que "huele a racismo" y causaría un "daño irreparable” a los afectados. Pero el asesor jurídico de la administración, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, en la que se pedía que suspendiera la orden del magistrado.

A juicio del Ejecutivo, la orden en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país sudamericano iba en contra del "interés nacional”. Washington también argumentó que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria "urgentes", e incluso el presidente Trump alegó que no lo dejaban hacer aquello "para lo que fui elegido”.

A la deriva

El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. Sin embargo, poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos.

Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como "desgraciados" y criminales. Donald Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

Si bien el máximo tribunal no eliminó el TPS, sí concedió que el caso se litigue en los tribunales, con lo cual unos 350.000 venezolanos quedan a la deriva.