Fueron rescatadas en la misma nueve víctimas, entre ellas, seis mujeres con edades entre los 18 y 28 años, así como tres adolescentes de 17 años de edad.
TRIBUNALESEl miércoles
PUERTO PLATA (República Dominicana).- Tras establecer el Ministerio Público la vinculación de un hombre y una mujer a delitos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, un tribunal le impuso doce meses de prisión preventiva, como medida de coercion, y declaró el proceso de tramitación compleja.
Los procesados Julio de la Cruz Vásquez (Nacho o Gordo) y Leonelis Rodríguez Martínez, cabecillas de una red dedicada a esa actividad criminal, enfrentan cargos por delitos de trata de personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores de edad y proxenetismo agravado, en violación a las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
A De la Cruz Vásquez también se le imputa la usurpación de funciones porque, aunque fue cancelado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), continuaba diciendo que formaba parte de esa institución.
El Ministerio Público ejecutó una orden de arresto en contra de los procesados luego de establecer en el transcurso de la investigación que se dedicaban a captar y a trasladar mujeres y adolescentes de diferentes barrios de Puerto Plata para ofertar sus servicios sexuales.
La fiscalizadora Julissa Gómez Camacho representó al Ministerio Público en la audiencia en la que el juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso la medida de coerción que los imputados deberán cumplir en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe y Najayo Mujeres en San Cristóbal.
Como parte de las pesquisas de este caso, fue realizado un allanamiento a una villa de dos niveles ubicada en la calle principal del sector Cupey, en el municipio San Felipe, la cual era utilizada por la red como centro de operaciones, siendo rescatadas en la misma nueve víctimas, entre ellas, seis mujeres con edades entre los 18 y 28 años, así como tres adolescentes de 17 años de edad. Las autoridades también ocuparon diferentes evidencias.
Durante la investigación se determinó que en el lugar se ofertaban los servicios sexuales de mujeres, así como de adolescentes de entre 15 y 17 años, previo el pago de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En una de las transacciones por servicios sexuales se estableció que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un servicio.
Persecución contra la estructura criminal
La acción contra la red se puso en marcha el pasado 30 de mayo, tras el inicio de la investigación a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), conjuntamente con la Fiscalía de Puerto Plata, representadas por sus titulares, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras, con la participación de la fiscal de la PETT Noelia Taveras y los fiscales de Puerto Plata Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
La persecución inició luego de que el pasado 13 de marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Policía Nacional, recibiera una denuncia confidencial que dio origen a las pesquisas.
El apoyo a la investigación fue proporcionado por la Oficina de Investigaciones del Ultramar del Servicio de Seguridad Diplomática, por sus siglas en inglés DSS, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la Embajada de Estados Unidos.
El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal.
El abogado de origen mixteco será quien encabece en el máximo tribunal de México
El juez Juan Carlos Checkley declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, al considerar que la decisión del Ministerio Público de declarar reservados los testimonios estaba “debidamente justificada”
“No identifica con precisión, según se hace en la mayoría de las alegatos de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan apoyado”, escribió Kagan.
El Ministerio Público continúa con la reproducción de pruebas contra los dos procesados.
Según detalla el expediente, el empresario habría agredido verbal y físicamente a miembros de la brigada de interdicción migratoria.