
Detienen haitianas indocumentadas con contrabando de 28 mil cigarrillos en Dajabón
Las extranjeras indocumentadas, se desplazaban intentando evadir el puesto de chequeo militar Don Miguel Pista, cuando fueron sorprendidas por los efectivos del ERD.
Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
TRIBUNALESAyer EFELima.- La Fiscalía de Perú pidió que el expresidente Ollanta Humala (2011 – 2016), quien recibió una sentencia en abril pasado a 15 años de cárcel, reciba una nueva condena a 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso por la presunta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, informaron este miércoles fuentes oficiales.
La petición la hizo el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, que hace dos meses consiguió que Humala fuera declarado culpable, en primera instancia, por aportes irregulares a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
El Ministerio Público señaló en la red social X que también pidió que se impongan 35 años de cárcel a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien recibió una condena a 15 años de prisión por los aportes irregulares, pero actualmente está asilada en Brasil.
El equipo fiscal incluyó al exministro de Economía Luis Miguel Castilla, para quien solicitó 29 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
La acusación la presentó la fiscal Geovanna Mori ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, y señaló que entre 2011 y 2015 se efectuaron pagos ilícitos en la etapa de ejecución del proyectos del Gasoducto Andino del Sur y en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.
El proceso en contra del expresidente Humala
De acuerdo con las pericias fiscales, en el proceso de contratación pública se habría favorecido a empresas de Brasil, entre las que figura Odebrecht, y nacionales, a cambio de los pagos ilícitos en el proceso.
A Humala lo recluyeron el pasado 15 de abril en el penal de Barbadillo en Lima, conocido como la «cárcel de los presidentes», donde también cumplen su sentencia los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
El primer interno de ese penal fue Alberto Fujimori (1990 – 2000), quien fue sentenciado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, pero fue excarcelado y falleció en 2024 a los 86 años.
Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
A su esposa la encontraron culpable del mismo delito y recibió una condena similar por haber dirigido esas campañas electorales, pero ingresó a la Embajada de Brasil en Lima para pedir un asilo que se lo concedió el mismo día por «razones humanitarias».
Las extranjeras indocumentadas, se desplazaban intentando evadir el puesto de chequeo militar Don Miguel Pista, cuando fueron sorprendidas por los efectivos del ERD.
Se lanzaron de un edificio tratando de huir de las autoridades.
son ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
son ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal.
El abogado de origen mixteco será quien encabece en el máximo tribunal de México
El juez Juan Carlos Checkley declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, al considerar que la decisión del Ministerio Público de declarar reservados los testimonios estaba “debidamente justificada”
“No identifica con precisión, según se hace en la mayoría de las alegatos de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan apoyado”, escribió Kagan.