Varios de los acusados admitieron haber alterado antecedentes penales a cambio de entre 8,000 y 40,000 pesos.
TRIBUNALES17 de junio de 2025 Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Persecución del Ministerio Público inició este martes la presentación de testigos contra la red criminal que borró y alteró antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República tras ser sobornados por particulares.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez, a la salida de la audiencia, informó que fueron presentados tres peritos que validaron mediante sus informes periciales la existencia de las alteraciones y confirmaron la comisión de los hechos atribuidos a los acusados, al comparecer ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Dichos informes fueron incorporados ante el tribunal, integrado por la jueza Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.
Entre los peritos, declaró Armando José Díaz Díaz, ingeniero electrónico en comunicaciones y exencargado de Ciberseguridad de la Procuraduría General de la República, quien presentó ocho informes periciales que certificaron las modificaciones ilícitas en los registros de la base de datos, una acción ilegal que permitió desvincular a múltiples personas de procesos penales asociados a sus antecedentes.
Durante la audiencia, varios acusados hicieron uso de su derecho a la defensa material positiva, confirmando en parte su participación y revelando detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.
El acusado Luis Alfredo Astacio Polanco admitió haber referido alrededor de 50 personas para que se les borraran antecedentes penales, señalando como responsable al entonces encargado de la base de datos, Alfredo Mirambeaux Villalona, quien realizaba la depuración y fijaba el monto a cobrar. Astacio Polanco dijo que recibía entre dos mil y tres mil pesos por actuar como intermediario.
Uno de los acusados, Mártires Rosario Reyes, quien laboró como soporte técnico por 14 años, admitió haber recibido entre 15,000 y 20,000 pesos, y en ocasiones hasta 40,000 pesos, para gestionar el retiro de fichas penales. Detalló que remitía las cédulas de los interesados a Alfredo Mirambeaux Villalona para actualizar la información ilícitamente.
Asimismo, indicó que Rubén Darío Monbán Santana le enviaba números de cédula a través de la aplicación WhatsApp para el mismo propósito, pagándole sumas de entre 8,000 y 15,000 pesos por cada alteración.
Durante la jornada, Rubén Darío Monbán Santana también se defendió, mientras su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva, aseguró que sus cuentas bancarias fueron utilizadas para recibir pagos vinculados al esquema sin su conocimiento previo.
Por otro lado, Dilcia Argentina Núñez Santos se abstuvo de declarar en esta ocasión, mientras que Jancely Estala Arias López argumentó que los movimientos de transferencias en sus cuentas correspondían a asuntos de índole personal.
Finalmente, se informó que Alfredo Mirambeaux Villalona sostendrá una defensa negativa en la continuación del juicio y que Luis Peña Cedeño adelantó que más adelante hará uso de su derecho a la defensa material.
El tribunal calendarizó las audiencias para los días 24 de junio, a las 12:00 del mediodía, y los días 25 y 26 de junio, a las 9:00 de la mañana, respectivamente.
El Pleno de la Suprema Corte ratificó la condena contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte y dispone un decomiso millonario producto del lavado de activos.
Jueza se reserva fallo para el próximo 5 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
El MP obtuvo 13 condenas contra procesados que borraban antecedentes penales y alteraban los registros a cambio de sobornos.
Indica que el pasado martes el imputado fue cuatro veces a la vivienda de la víctima. La cuarta vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un estruendoso grito escuchado por vecinos del lugar.
Solicitan 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare de tramitación compleja
El cuerpo de la mujer presenta heridas múltiples de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, además de que descuartizó sus miembros inferiores y le cercenó un dedo de la mano derecha, siendo enviados los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con fines de autopsia judicial.