El grupo logró captar recursos económicos en perjuicio de 192 personas con falsas promesas de inversión rentable
TRIBUNALESHace 4 horas Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección Nacional de Investigación de Delitos
Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.
Los acusados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero y compartes, quienes cometieron los hechos a través de la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L., entidad que utilizaron como fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones.
La acusación, presentada por la procuradora fiscal Lewina Tavárez Gil, titular interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, cuenta con más de 276 elementos probatorios, entre estos pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido proceso.
Los procesados se identificaban ante las víctimas como corredores de bolsa y/o representantes de fondos de inversión, y en base a dicha representación fraudulenta, lograron captar recursos económicos por un monto aproximado de ciento veinticuatro millones quinientos setenta y cinco mil setecientos pesos dominicanos (RD$124,575,700), en perjuicio de 192 víctimas y el Estado dominicano.
Como parte del esquema fraudulento ejecutado por los acusados, los contratos suscritos con las víctimas omitían deliberadamente especificaciones claras y veraces respecto al destino y uso final de los fondos captados, lo cual constituye una maniobra dolosa orientada a inducir a error.
Asimismo, se pudo constatar que los acusados realizaron múltiples transferencias entre cuentas bancarias a su nombre o bajo su control, configurando un patrón típico de circuitaje financiero para dificultar su trazabilidad, destinándolos finalmente a fines personales, en perjuicio patrimonial de las víctimas.
Cáceres se encuentra guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, mientras que Cabral Romero se encuentra con las medidas de coerción de garantía económica, presentación periódicamente y prohibición de salida del país.
El órgano persecutor indicó que por un caso similar de acción privada Cáceres Araujo y Cabral Romero también fueron condenados el pasado año.
El Ministerio Público destaca en un comunicado que la acusación está sustentada con elementos de prueba que vinculan de manera individualizada a los procesados con los hechos investigados.
Comerciantes estafadores se aprovechan del desconocimiento del consumidor para estafarlo, como es el caso del supuesto empresario Francisco Ernesto Castillo Areche, “Frank Muebles”. Le vendió a la señora Elizabeth Rivera Montaño madera como caoba centenaria.
Abreu se fugó de una celda del cuartel donde fue llevado tras habérsele ocupado más de un kilogramo de cocaína y un arma de fuego ilegal, tipo pistola Glock, así como joyas y dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos dominicanos.
Abreu se fugó de una celda del cuartel donde fue llevado tras habérsele ocupado más de un kilogramo de cocaína y un arma de fuego ilegal, tipo pistola Glock, así como joyas y dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos dominicanos.
Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.
El Supremo coincidió en que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y en que varias evidencias recogidas por los investigadores no tenían validez procesal al haberse obtenido de manera ilegal.
Un fiscal estadounidense lo acusó en abril ante una corte de Nueva York de liderar una organización de criminal que traficaba armas y municiones en ese país y de ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.
“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”,
La querella legal advierte que no contar con los recursos asignados por BRIC ha sido devastador para los estados.