La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público
TRIBUNALESHace 2 horas Redacción
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este domingo medidas de coerción, consistentes en garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país contra seis integrantes de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente también declaró de tramitación compleja el caso.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal que impusiera a los imputados 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declarara el caso complejo, pero, la jueza Fátima Veloz dispuso una garantía económica de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes, y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croes, además del impedimento de salida del país y la presentación periódica.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.
El órgano acusador estuvo representado por los procuradores de corte Pedro Amador, Pelagio Alcántara y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI); los procuradores fiscales Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, así como las fiscales Lauridelissa Aybar Jiménez, de la Unidad de Comercio Ilícito adscrita a la UPI; Katiuska Serulle Serulle, enlace de la UPI, y Marineldy Peña, encargada del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Asimismo, colaboraron el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
“Hay prisioneros [rehenes] que han muerto y se necesita equipo para recuperar sus cuerpos. Esto lleva tiempo y ya lo hemos dicho durante las negociaciones. Estamos dispuestos a liberarlos a todos como parte de un acuerdo integral para poner fin a la guerra y asegurar la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza.”
La sustancia iba a ser enviada desde el AILA a España y Países Bajos
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público
La entrega voluntaria de los prevenidos se produjo luego de la amplia difusión de sus perfiles delictivos, lo cual generó un ambiente de presión y cerco en su contra, al tiempo que la Policía Nacional mantenía operativos activos en distintas localidades.
La entrega voluntaria de los prevenidos se produjo luego de la amplia difusión de sus perfiles delictivos, lo cual generó un ambiente de presión y cerco en su contra, al tiempo que la Policía Nacional mantenía operativos activos en distintas localidades.
En el momento de la comparecencia ante el tribunal, estaba en libertad bajo una fianza de $300.000 y iba a ser sentenciado a 35 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad.
También cumplirán medidas de coerción Alfredo Samboy Féliz (Burungo), Suleica Santana Geraldo y Jarol Gravriel Camejo
Según las investigaciones, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes.
El imputado fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-17 de Najayo.
El tribunal competente fijará próximamente la fecha para el conocimiento del juicio, en el que se debatirán las pruebas admitidas.