La Paz.- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) fue encarcelado preventivamente un mes después de dejar el Gobierno, por una investigación de presunta corrupción en los manejos de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro en la Administración de Evo Morales (2006-2019).
Arce estará en prisión por cinco meses en La Paz, acusado por la Fiscalía por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», por autorizar desembolsos de recursos del llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
Esos desembolsos, ocurridos desde 2009, cuando Arce era ministro de Economía de Morales, se hicieron en cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas afines al entonces partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El expresidente de Bolivia Luis Arce en una fotografía de este viernes a su llegada a la cárcel de San Pedro, en la Paz. EFE/ Gabriel Márquez
Militancia socialista y su trayectoria
Arce (La Paz, 1963) es un economista titulado en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y con una maestría en la universidad británica de Warwick.
Militante socialista desde su juventud, desarrolló su carrera en el Banco Central de Bolivia (BCB) hasta que en 2006 juró como ministro de Economía en el primer periodo de Evo Morales, cargo que ocupó con una pausa entre 2017 y 2019, por un cáncer de riñón que se trató fuera del país.
En su momento, Morales y el MAS lo identificaron como gestor del llamado «milagro económico» por el que Bolivia logró un crecimiento inusitado entre 2006 y 2014, un despunte que Arce atribuyó a un modelo con el Estado como protagonista, aunque para sus detractores, se debió a un contexto externo favorable con precios altos de materias primas.
En enero de 2020, el MAS anunció a Arce como su candidato para las elecciones generales que se repitieron un año después de los fallidos comicios de 2019, que derivaron en una crisis que se saldó con la renuncia de Morales a la Presidencia, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor.
Arce y su compañero de fórmula, el aimara David Choquehuanca, ganaron los comicios de 2020 con el 55,1 % de los votos, con la promesa de recuperar una economía golpeada por la pandemia de la Covid19 y, según el economista, por la mala administración del Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).
La crisis en Bolivia
A instancias de su Gobierno y del MAS, Áñez y otros líderes ciudadanos terminaron encarcelados por sus roles en la crisis de 2019 que para el entonces oficialismo se consideró un «golpe de Estado» contra Morales, aunque estos opositores recuperaron la libertad este año tras las revisiones de las causas penales que tenían.
En 2021, la economía boliviana creció un 6,11 % frente al decrecimiento del 8,74 % de 2020, pero luego volvió al declive y desde 2023 empezó a dar señales de crisis, como el descenso de las reservas internacionales, la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una alta inflación.
Esto hizo caer la popularidad de Arce, cuyo Gobierno aseguró hasta el último momento que dejaba una economía «estable» y también culpó a Morales y la oposición por las dificultades económicas, por «bloquear» desde el Parlamento la financiación externa.
Los dos candidatos en pugna —que se han alternado a la cabeza del conteo— han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque ambos aseguraron tener todas las actas y se consideran triunfadores.
Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Asfura busca el regreso al poder de un Partido Nacional que sufrió un desgaste durante tres períodos consecutivos, desde 2010 a 2022, que terminaron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico.
Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar «cerrado» el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.
«Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad», afirmó el canciller Fernando Aramayo en una rueda de prensa.
Durante las conversaciones, el presidente de Venezuela habría mostrado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera del país a compañías de EE.UU.