En total son 27 estados del país norteamericano los que han aprobado leyes que prohíben que atletas asignados como varones al nacer participen en deportes femeninos.
TRIBUNALESAyer AFP
La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales este martes de que puede respaldar las prohibiciones de varios estados a la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, comenzó este martes a evaluar las impugnaciones a leyes de los estados de Idaho y Virginia Occidental que vetan la presencia de jóvenes transgénero en competencias femeninas escolares y universitarias.
Donald Trump convirtió este controvertido debate en uno de los ejes de su campaña presidencial en 2024, prometiendo poner fin a la «locura transgénero».
Tras arrancar su segundo mandato, el republicano firmó un decreto para que su gobierno solo reconozca la existencia de «dos sexos, masculino y femenino», definidos al nacer.
La discusión se elevó este martes hasta la Corte Suprema, cuyos jueces escucharon más de tres horas de argumentos de las impugnaciones a las legislaciones de Idaho y Virginia Occidental.
En total son 27 estados del país norteamericano los que han aprobado leyes que prohíben que atletas asignados como varones al nacer participen en deportes femeninos.
La legislación de Idaho, de 2020, fue impugnada por una atleta transgénero de una universidad estatal y tribunales inferiores determinaron que viola la cláusula de igual protección de la Constitución estadounidense.
«La ley de Idaho clasifica en función del sexo, porque el sexo es lo que importa en los deportes», no la identidad de género, dijo Alan Hurst, el procurador general de Idaho, durante los alegatos orales del martes.
«Se correlaciona estrechamente con innumerables ventajas atléticas como el tamaño, la masa muscular, la masa ósea y la capacidad cardíaca y pulmonar», agregó. «Si las mujeres no tienen sus propias competencias, no podrán competir».
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Las autoridades indicaron que la imputada formaría parte de una estructura criminal dedicada a este tipo de delitos electrónicos.
Las operaciones fueron realizadas en zonas rurales de Dajabón.
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En otro hecho, ocurrido el 15 de noviembre de ese mismo año, Rivas volvió a agredir a la víctima cuando ambos llegaban a la vivienda que compartían.
La denuncia fue presentada por la madre de la niña ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, dando inicio al proceso de investigación.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly.
Al justiciable también se le impuso, en otro tribunal, medidas de coerción por violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.