Menores de edad también enfrentarán cadena perpetua en El Salvador.
El paquete de reformas legales impulsado por el Gobierno de El Salvador para habilitar la cadena perpetua contempla también su aplicación en menores de edad. Según la propuesta, estos podrían recibir condenas de prisión de por vida cuando sean declarados culpables como autores de delitos de homicidio, violación o tortura.
Para ejecutar lo anterior, en el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil (LPJ) se pretende incorporar la prisión perpetua entre las penas que se pueden aplicar a menores de edad. Los delitos a los que se aplicará son homicidio simple y agravado, violación, violación en menor o persona incapaz, feminicidio, feminicidio agravado y agrupaciones ilícitas vinculadas a pandillas.
Todos los delitos antes mencionados tienen actualmente penas que van entre los 10 y los 60 años. Las reformas solicitadas por el Gobierno cambiarán todas estas a cadenas perpetuas.
Además, las reformas a la LPJ contemplan modificaciones para inaplicar la facultad de los jueces de suspender, revocar o sustituir medidas de encarcelamiento en procesos con pena de prisión perpetua. Estos casos tampoco podrán ser tramitados mediante el procedimiento especial para menores de edad contemplado en la LPJ. Esto quiere decir que los menores serán juzgados en las mismas condiciones que los adultos.
Asimismo, se propone modificar el inciso final del artículo 15, para que el cumplimiento de dicha pena se revise por medio de las disposiciones establecidas en el Código Penal. “En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal”, reza la propuesta.
Además de la LPJ, el Gobierno solicitó a la Asamblea modificar la Ley Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y el Código Penal.
Libertad controlada
En el Código Penal, el Gobierno incorpora no solo la pena de prisión perpetua sino que crea un mecanismo para que quienes sean sentenciados de por vida puedan optar a una revisión de su condena. Esto les permitiría recuperar su libertad bajo ciertos criterios, pero de forma controlada por las autoridades.
La reforma del Gobierno establece cuatro plazos de tiempo para la revisión de la pena. Así, si el condenado a cadena perpetua es un menor de edad, su pena deberá revisarse luego de 25 años en prisión. Si es mayor de edad y fue condenado solo por un delito, se deberá revisar hasta que tenga 30 años en prisión.
En tanto, si fue condenado por más de un delito, la revisión de la pena se hará cuando tenga 35 años en prisión; y si fue condenado por un delito agravado o de extrema gravedad, su pena podrá revisarse hasta que tenga 40 años en prisión.
La revisión de la pena perpetua se realizará al cumplirse con los plazos mencionados y a iniciativa del juez competente, quien solicitará un informe al Consejo Criminológico Regional el cual tendrá un mes para emitirlo y enviarlo.
Dicho informe deberá incorporar aspectos como evaluación de la evolución penitenciaria del interno, participación en programas de tratamiento y actividades de reinserción, informes psicológicos y psiquiátricos actualizados, y un pronóstico individualizado de peligrosidad y probabilidad de reinserción social.
En caso de negarse la libertad controlada, esta podrá revisarse de nuevo luego de cinco años y en caso de aceptarse, se impondrán medidas de control orientadas a prevenir y evitar la reincidencia delictiva. En caso de incumplir, conllevará a la revocación automática y reingreso a prisión.
Todas las reformas solicitadas por el Gobierno tienen a su base la reforma a la Constitución aprobada en la sesión plenaria del pasado martes por la Asamblea.
La reforma, aprobada con dispensa de trámite, modificó el inciso 2 del artículo 27 de la Constitución, para habilitar la posibilidad de aplicar penas de prisión perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
De momento, está pendiente la ratificación de la reforma constitucional. Tanto esta propuesta como la reformas a cuatro leyes fueron enviadas a la Comisión Política, que dio por recibidos todos los expedientes ayer. La comisión agendó tres reuniones con funcionarios de Gobierno para que expongan su opinión sobre el tema.
Según la agenda aprobada, este jueves la comisión recibirá al Gabinete de Seguridad. Mañana recibirá a la Fiscalía General de la República. Y el lunes se acordó recibir a la Corte Suprema de Justicia.
El partido ARENA propuso invitar también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR), pero el presidente de la comisión, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), no sometió a votación la propuesta y la dejó pendiente para abordar el próximo lunes.
