La Corte Suprema de Justicia de Guatemala determinó que una sala judicial vulneró el derecho al debido proceso del reconocido periodista José Rubén Zamora cuando le revocó el beneficio de arresto domiciliario el año pasado, informó este martes el hijo del comunicador.
Zamora, fundador del extinto diario El Periódico, fue detenido en julio de 2022 acusado por la Fiscalía de lavado de dinero, lo que organismos de derechos humanos consideran un montaje para silenciarlo por sus denuncias de corrupción contra el anterior gobierno de derecha.
El periodista, de 69 años, había obtenido el arresto domiciliario por primera vez en octubre de 2024, pero fue devuelto a prisión cinco meses después por el fallo de una sala judicial que actuó a petición de la Fiscalía.
En febrero pasado, un juez le otorgó de nuevo ese beneficio.
La Corte Suprema ha reconocido «que a mi papá» se «le han vulnerado sus derechos» al resolver recientemente un recurso de amparo que confirmó la casa por cárcel, dijo en la red social X José Zamora, hijo del comunicador.
Según la resolución de la Cámara de Amparos de la Corte, divulgada por la prensa local, la sala «se excedió en sus atribuciones» en aquella ocasión, en marzo de 2025, y emitió un fallo que «vulnera el principio constitucional del debido proceso».
«Los fallos que lo llevaron a prisión fueron declarados ilegítimos, arbitrarios y sin fundamento. Más de 1.295 días preso sin pruebas», agregó José Zamora.
El director de programa del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Martinez de la Serna, aseguró el martes en X que el fallo «representa un avance importante hacia la justicia».
No obstante, el hijo del periodista lamentó que la Fiscalía apelara la resolución de la Cámara de Amparos.
Zamora fue arrestado hace tres años y medio tras publicar denuncias contra el entonces presidente Alejandro Giammattei, cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.
