El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
TRIBUNALES15 de abril de 2025 Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó este martes con la presentación de las pruebas testimoniales durante el juicio contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
En el juicio, que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista, las cuales evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L.
De acuerdo con la acusación, la empresa Meljo Comercial E.I.R.L., al igual que SSA Corporation S.R.L., fue utilizada únicamente para simular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el departamento financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
El dinero era retornado luego al entramado en efectivo o a través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de limpieza, artículos gastables, así como tóners para impresoras.
Valdez, también, validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron ocupados durante los allanamientos realizados. Además, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Real Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, fecha en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Sobre el proceso
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, quedando el resto en manos de la red corrupta.
Entre los acusados figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Wilson Camacho lamentó que desde el Poder Judicial solo se predique de ese tema en la teoría y en el discurso. Sobre el arresto domiciliario de los militares y civiles arrestados en la Operación Lobo.
Abreu se fugó de una celda del cuartel donde fue llevado tras habérsele ocupado más de un kilogramo de cocaína y un arma de fuego ilegal, tipo pistola Glock, así como joyas y dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos dominicanos.
El grupo logró captar recursos económicos en perjuicio de 192 personas con falsas promesas de inversión rentable
Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.
El Supremo coincidió en que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y en que varias evidencias recogidas por los investigadores no tenían validez procesal al haberse obtenido de manera ilegal.
Un fiscal estadounidense lo acusó en abril ante una corte de Nueva York de liderar una organización de criminal que traficaba armas y municiones en ese país y de ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.