El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
TRIBUNALES15 de abril de 2025 Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó este martes con la presentación de las pruebas testimoniales durante el juicio contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
En el juicio, que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista, las cuales evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L.
De acuerdo con la acusación, la empresa Meljo Comercial E.I.R.L., al igual que SSA Corporation S.R.L., fue utilizada únicamente para simular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el departamento financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
El dinero era retornado luego al entramado en efectivo o a través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de limpieza, artículos gastables, así como tóners para impresoras.
Valdez, también, validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron ocupados durante los allanamientos realizados. Además, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Real Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, fecha en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Sobre el proceso
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, quedando el resto en manos de la red corrupta.
Entre los acusados figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Los operativos se concentraron en diversas regiones clave que incluyen el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron a 187 personas, en Santiago 43, en Mao / Santiago Rodríguez 93, en Azua 19, en Barahona 34, en Dajabón 155, en Elías Piña 156, en Jimaní 184 y 72 en Pedernales.
Producto del incidente, uno de los agentes resultó herido en la frente por un pedazo de block mientras que uno de los extranjeros resultó lesionado por disparos de cartuchos de goma y perdigones.
Les otorgo la libertad a los imputados, concediéndoles garantía económica mediante contratos.
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En el escrito de acusación, de 20 páginas, se acusa al alcalde de «falsificación reiterada» y se afirma que «obtuvo el diploma de forma fraudulenta y participó en el delito de falsificación».
El arma fue vinculada a la escena del crimen mediante análisis balísticos, al coincidir los casquillos recolectados con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.