
Prisión para otro implicado en asesinato de joven frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís
Coordinó la llegada del grupo a la ciudad, gestionando hospedaje y rutas de vigilancia.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado sentenció a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos, con ejecución inmediata. Humala fue detenido en la sede judicial y Nadine, que no asistió, solicitó y obtuvo asilo diplomático en Brasil.
TRIBUNALES16 de abril de 2025 INCERTIDUMBRE
El Tercer Juzgado Penal Colegiado sentenció a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos, con ejecución inmediata. Humala fue detenido en la sede judicial y Nadine, que no asistió, solicitó y obtuvo asilo diplomático en Brasil.
Nadine Heredia llega a Brasil asilada por Lula Da Silva tras ser condenada por lavado de activos.
El primer tiempo del partido terminó, como era previsible, con una condena. El Tercer Juzgado Penal Colegiado sentenció al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos con agravante de organización criminal a cumplir una pena de 15 años de prisión efectiva, cuyo cumplimiento se dispuso que sea inmediato, a partir de la fecha.
Una decisión que provocó la detención y traslado al penal de Barbadillo del ex presidente Ollanta Humala. Mientra, que se ordenó la inmediata búsqueda, ubicación y captura de la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, su hermano Paul Ilan Heredia Alarcón, condenado a 12 años de prisión, y de Mario Julio Torres Aliaga, ex contador del Partido Nacionalista Peruano, a ocho años de prisión.
Horas después se conoció que Nadine Heredia ingresó a la embajada de Brasil en Lima, acompañada de su hijo menor donde solicitó asilo político. En horas de la noche, la Cancillería Peruana informó que Brasil otorgó asilo diplomático a Nadine Heredia y su hijo Samir, por lo que procedió a otorgarles el salvoconducto que les permita salir del país inmediatamente. Brasil facilitó un avión que les permitirá viajar en las siguientes horas.
El paradero de su hermano Ilan Heredia y Torres Aliaga es desconocido. Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Eladio Mego Guevara fueron condenados a cinco años de prisión pero suspendida por el periodo de cuatro años, bajo el cumplimiento de normas de conducta, al considerarlos cómplices del lavado de activos.
De otro lado, el ex congresista Santiago Gastañadui Ramírez, Maribel Amelita Vela Arévalo y Carlos Arenas Gómez Sánchez fueron absueltos, al no encontrase vinculación con los hechos materia de la acusación y el juicio
El adelanto de la condena y la pena de prisión
Jueces Nayko Coronado, Mercedes Caballero y Max Vengoa
El Tercer Juzgado Penal Colegiado estuvo integrado por los jueces Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias. Los mismos magistrados que por mayoría declararon la nulidad del juicio del caso Cócteles, tras una sentencia del TC que cuestionó la integridad de la acusación.
La lectura del adelanto de la sentencia estuvo a cargo de la doctora Nayko Coronado, quien se desempeñó como directora de debates en el juicio. El magistrado Max Vengoa emitió un voto en discordia respecto al marco probatorio de los fondos provenientes de Venezuela. Pero, coincidió respecto de Brasil y en las penas impuestas.
Los pormenores de la sentencia de manera integral recién se conocerán el 29 de abril próximo. Ese día los abogados de los condenados podrán apelar el veredicto para que sea revisado por la Sala Nacional de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. Probablemente el caso puede llegar a la Corte Suprema.

Coordinó la llegada del grupo a la ciudad, gestionando hospedaje y rutas de vigilancia.

Se informó que la juramentación fue convocada para el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

El arresto se produjo este jueves, durante un allanamiento practicado en su lugar de residencia en el sector Villa Cerro, del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El escrito de acusación del Ministerio Público evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.

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