El escrito de acusación del Ministerio Público evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.
TRIBUNALESHace 3 horas Redacción
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de un hombre y una mujer que cometieron una estafa por más de 124 millones de pesos en contra de 192 personas.
Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero son vinculados a delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como de violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.
El expediente detalla que los acusados conformaron una estructura destinada a captar fondos del público mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L. Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.
Tras valorar los elementos probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora de ese órgano Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, adoptó la decisión de enviar a juicio a los procesados.
El escrito de acusación del Ministerio Público evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.
Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los recursos que habrían sido desviados a fines personales.
El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos constituyen asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, realización de actividades propias del mercado de valores sin autorización y lavado de activos, delitos que serán ventilados en juicio.
El órgano persecutor reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de justicia, en cumplimiento de su mandato constitucional.
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El escrito de acusación del Ministerio Público evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.
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