Adam Schleifer, un fiscal federal adjunto en Los Ángeles, fue despedido sin explicación el mes pasado a través de un correo electrónico de un funcionario de la Casa Blanca.
TRIBUNALES28 de abril de 2025 ALANNA DURKIN RICHER
Un exfiscal de carrera del Departamento de Justicia de Estados Unidos está impugnando su despido por parte de la Casa Blanca, afirmando que fue por “razones partidistas y políticas sin precedentes” y socava un “principio fundamental” del sistema de justicia después de que fue despedido tras una publicación de la activista de derecha Laura Loomer.
Adam Schleifer, un fiscal federal adjunto en Los Ángeles, fue despedido sin explicación el mes pasado a través de un correo electrónico de un funcionario de la Casa Blanca. Esto ocurrió exactamente una hora después de que Loomer, una personalidad conservadora de internet conocida por sus comentarios incendiarios, pidió su destitución en una publicación en redes sociales destacando sus opiniones críticas pasadas sobre Donald Trump mientras se postulaba en una primaria demócrata para un escaño en el Congreso de Nueva York.
En documentos presentados ante la Junta de Protección del Sistema de Mérito —que es responsable de proteger a los empleados del gobierno de represalias políticas— Schleifer argumenta que fue despedido ilegalmente en represalia por un discurso político protegido de una época en la que no trabajaba como abogado del gobierno. Está buscando su reinstalación, pago retroactivo y otras compensaciones.
Wilson Camacho lamentó que desde el Poder Judicial solo se predique de ese tema en la teoría y en el discurso. Sobre el arresto domiciliario de los militares y civiles arrestados en la Operación Lobo.
Abreu se fugó de una celda del cuartel donde fue llevado tras habérsele ocupado más de un kilogramo de cocaína y un arma de fuego ilegal, tipo pistola Glock, así como joyas y dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos dominicanos.
El grupo logró captar recursos económicos en perjuicio de 192 personas con falsas promesas de inversión rentable
Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.
El Supremo coincidió en que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y en que varias evidencias recogidas por los investigadores no tenían validez procesal al haberse obtenido de manera ilegal.
Un fiscal estadounidense lo acusó en abril ante una corte de Nueva York de liderar una organización de criminal que traficaba armas y municiones en ese país y de ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.