El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés).
TRIBUNALESAyer ap
WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema que bloquee las órdenes judiciales que exigen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk entregue documentos sobre sus operaciones a un grupo de vigilancia gubernamental.
La más reciente apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante el máximo tribunal se refiere a si el DOGE, que ha sido fundamental en el impulso del presidente Donald Trump para reformar el gobierno, es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). El gobierno argumenta que el organismo es simplemente un cuerpo asesor presidencial que está exento de solicitudes de documentos según la FOIA.
El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), y que la administradora interina del DOGE, Amy Gleason, responda preguntas bajo juramento en las próximas tres semanas. CREW presentó una demanda en febrero, alegando que el DOGE “ejerce un poder sorprendentemente amplio” sin transparencia sobre sus acciones.
En marzo, el juez federal de distrito, Christopher Cooper, determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento, señalando sus afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. “Cancelar cualquier contrato gubernamental parecería requerir una autoridad sustancial, y cancelarlos a esta escala ciertamente lo requiere”, escribió Cooper. El DOGE “probablemente tiene al menos cierta autoridad independiente para identificar y despedir a empleados federales, y cancelar programas y contratos federales”.
Una paciente inició acciones legales contra el sistema Allina Health después de que un cirujano, en lugar de extraer un bazo enfermo, le retirara un riñón sano, provocándole daños irreversibles en su salud
“El acusado le realizó varios disparos impactando a la víctima, provocando su muerte, así como también hiriendo a las víctimas y testigos”, refiere la acusación del Ministerio Público.
Se le impuso al procesado medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$25 mil en efectivo que deberá depositar en el Banco Agrícola y presentación periódica mensual.
“Los detalles de la política policial, contratación, entrenamiento, gestión, promoción y políticas internas se deben decidir mejor a nivel local, donde hay responsabilidad local y control local sobre los temas de financiamiento y políticas”, declaró Dhillon.
También acordó, como parte de su acuerdo de culpabilidad, pagar 289.000 dólares en restitución por los costos de horas extras para los oficiales durante la búsqueda de tres días de un sospechoso inexistente.