“Los detalles de la política policial, contratación, entrenamiento, gestión, promoción y políticas internas se deben decidir mejor a nivel local, donde hay responsabilidad local y control local sobre los temas de financiamiento y políticas”, declaró Dhillon.
TRIBUNALESAyer POR STEVE KARNOWSKI and ALANNA DURKIN RICHER
MINNEAPOLIS — El Departamento de Justicia se movió el miércoles para cancelar los acuerdos con Minneapolis y Louisville que exigían una reforma de sus departamentos de policía tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, que se convirtieron en el catalizador de las protestas nacionales contra la injusticia racial en el verano de 2020.
La administración Trump también anunció que estaba retractándose de los hallazgos de las investigaciones del Departamento de Justicia en otros seis departamentos de policía que la administración Biden había acusado de violaciones de derechos civiles. Es un cambio dramático para un departamento que, bajo el presidente Joe Biden, había impulsado agresivamente la supervisión federal de las fuerzas policiales que acusaba de abusos generalizados.
“Es nuestra opinión en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia bajo la administración Trump que la microgestión federal de la policía local debería ser una excepción rara, y no la norma”, dijo a los periodistas la fiscal general Adjunta Harmeet Dhillon, quien lidera la división.
“Los detalles de la política policial, contratación, entrenamiento, gestión, promoción y políticas internas se deben decidir mejor a nivel local, donde hay responsabilidad local y control local sobre los temas de financiamiento y políticas”, declaró Dhillon.
Una paciente inició acciones legales contra el sistema Allina Health después de que un cirujano, en lugar de extraer un bazo enfermo, le retirara un riñón sano, provocándole daños irreversibles en su salud
“El acusado le realizó varios disparos impactando a la víctima, provocando su muerte, así como también hiriendo a las víctimas y testigos”, refiere la acusación del Ministerio Público.
Se le impuso al procesado medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$25 mil en efectivo que deberá depositar en el Banco Agrícola y presentación periódica mensual.
El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés).
También acordó, como parte de su acuerdo de culpabilidad, pagar 289.000 dólares en restitución por los costos de horas extras para los oficiales durante la búsqueda de tres días de un sospechoso inexistente.