DGM fortalece operaciones de control migratorio basadas en respeto a la Ley y los Derechos Humanos

SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Migración (DGM) continúa firme en su compromiso de mantener el control migratorio, realizando operaciones para verificar el estatus legal de las personas de diferentes nacionalidades que residen en el país. Estas acciones, garantizando un trato humanitario y respetuoso hacia todos los inmigrantes, también se ejecutan para fortalecer la seguridad, promover la legalidad y proteger a la ciudadanía.

En el marco de estos procedimientos, la DGM informó que ayer se detuvo a 1,549 nacionales haitianos carentes de la documentación necesaria para permanecer en el territorio nacional, y que 1,382 fueron deportados a su país de origen mediante retornos asistidos.

Las interdicciones se han llevado a cabo en varias zonas clave, que incluyen el Gran Santo Domingo, donde fueron arrestadas 149 personas; en Santiago de los Caballeros, 62; en La Vega, 9; en Mao/Santiago Rodríguez, 22; en la Zona Este, 6; en Azua, 19 y 14 en Barahona.

Asimismo, 14 en Puerto Plata; 160 en Dajabón; 195 en Elías Piña, donde se registró la mayor cantidad, 127 en Jimaní; 54 en Pedernales, y 2 en Montecristi.

En los trabajos también participan otras fuerzas de seguridad, como el Ejército de la República Dominicana, que reportó la captura de 535 personas, mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza detuvo a 147 y la Policía Nacional a 34. La colaboración interinstitucional involucra, asimismo, al ministerio de Defensa, a la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el ministerio Público, y ha sido fundamental para lograr estos resultados, fortaleciendo la capacidad del Estado para controlar las fronteras y prevenir actividades ilícitas.

En cuanto a las repatriaciones, 287 fueron retornados por la puerta binacional de Dajabón; 872 por Elías Piña, 169 por Jimaní y 54 por Pedernales. Estos procedimientos se llevan a cabo respetando las disposiciones de la Ley 285-04, que regula la materia migratoria en el país, las normas internacionales de las que el país es signatario, garantizan la integridad y aseguran un trato digno a todos los interdictos, especialmente aquellos que puedan calificarse como vulnerables.
 
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