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Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin ofrecer declaraciones a los medios, tras la fianza que le impuso un tribunal la madrugada del jueves.
TRIBUNALES20 de junio de 2025 efeSanto Domingo.- El empresario dominicano Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set cuyo desplome del techo causó 236 muertes y más de 180 heridos el 8 de abril pasado, salió este viernes en libertad tras el pago de una fianza de 50 millones de pesos (unos 850.000 dólares).
Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin ofrecer declaraciones a los medios, tras la fianza que le impuso un tribunal la madrugada del jueves, al igual que a su hermana Maribel, acusados de homicidio involuntario por el Ministerio Público, organismo que apelará la decisión.
A los hermanos también se les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses para Espaillat y arresto domiciliario para su hermana.
La tragedia se produjo mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida, al igual que uno de los músicos de su orquesta.
Críticas a decisión judicial polémica
El abogado Ángel Lockward, quien representa a varios de los familiares de los fallecidos, dijo hoy que el país está «airado» por la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Servicios Judiciales Permanente del Distrito Nacional.
«Ha sido una decisión triste, para no decir horrible. El tribunal uso su poder discrecional de la manera más negativa para las víctimas al imponer una fianza que, si hubiera sido más proporcional, quizás habría generado menos protestas, menos estupor», dijo el abogado.
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También estaba invitado el exmarido de Erin Patterson, Simon Patterson, con quien tiene hijos en común y que finalmente no acudió.
El convenio contribuirá a reducir el número de rebeldes judiciales.
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La ONG Cristosal denunció que la defensora de derechos humanos Ruth López fue trasladada de forma "arbitraria" al penal de Izalco.
Les otorgo la libertad a los imputados, concediéndoles garantía económica mediante contratos.