La decisión judicial genera reacciones encontradas en la comunidad educativa; el debate sobre la libertad religiosa y la neutralidad estatal se reaviva
TRIBUNALESAyer fuente externa
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes una ley de Luisiana que exige a los distritos escolares públicos mostrar los Diez Mandamientos en todas las aulas, calificándola de inconstitucional y preparando el terreno para una posible batalla en la Corte Suprema.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito escribió en su fallo que si se permitiera que la ley se mantuviera, “los estudiantes impresionables se enfrentarán a una exhibición de los Diez Mandamientos durante casi todas las horas de cada día escolar de su educación escolar pública en el curso de sus actividades regulares”.
El gobernador Jeff Landry (republicano) firmó el proyecto de ley en junio de 2024, lo que provocó promesas de los críticos de desafiar lo que llamaron una ley inconstitucional.
“Y no puedo esperar a que me demanden”, dijo Landry en un evento de recaudación de fondos del Partido Republicano como respuesta, según informó entonces el Tennessean.
Ni Landry ni la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill (republicana), respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Washington Post el viernes. Murrill declaró a NOLA.com que ella y su equipo discrepan rotundamente del fallo y creen que solo se aplica a cinco distritos escolares donde asisten los hijos de los demandantes.
“Buscaremos inmediatamente ayuda del pleno del Quinto Circuito y, si es necesario, de la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo Murrill a NOLA.com.
Los legisladores de Texas también están a punto de exigir que las aulas muestren los Diez Mandamientos, principios religiosos y éticos de la fe abrahámica que, según sus fieles, fueron entregados por Dios al profeta Moisés. Se han presentado propuestas similares en varios otros estados.
Una familia ha logrado que la justicia reconozca que la muerte de su hija podría haberse evitado y recibirá una indemnización de 20 millones.
Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin ofrecer declaraciones a los medios, tras la fianza que le impuso un tribunal la madrugada del jueves.
La procesada, que llevaba a sus víctimas a un negocio en Pétion-Ville, enfrenta otro proceso similar.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “una burla” a las víctimas dejar en libertad, mediante una garantía económica, a los imputados por el desplome del Jet Set, un caso con 235 muertos y 180 heridos.
Acusado formalmente de elaborar planes para extorsionar a importantes traficantes de cocaína que enfrentan procesos de extradición desde Colombia y República Dominicana.
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