La PGASE lleva el proceso contra Regino Martín Aza Ovalle, de Agua Purificada Luz, quien perjudicó a EdeEste al sustraer energía ilegalmente por un valor calculado al final en RD$52.9 millones
TRIBUNALESAyer Incertidumbre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a una solicitud de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), un tribunal del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el propietario de una purificadora de agua acusado de incurrir en un fraude eléctrico con el que dejaba de pagar más de tres millones de pesos al mes a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EdeEste).
Los fiscales de la PGASE recibieron la semana pasada la notificación de la decisión del juez Amauri Marcos Martínez Abreu, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contra el procesado Regino Martín Aza Ovalle, propietario y beneficiario del local comercial Agua Purificada Luz.
El PGASE identificó en el citado local un fraude eléctrico y atentado contra el Sistema Eléctrico Nacional, en donde la tasación revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), según el Formulario de Tasación de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Este, sustrajo la cantidad de 5,587,960 KWH de energía, así como 6,680 KW de potencia, con un valor monetario calculado al final de RD$52,906,599.60.
Las actuaciones ilegales cometidas por Aza Ovalle se subsumen en los delitos castigados por los artículos 124-2, 124-3, 125 literal C; 125-2, 125-2, literal A, numeral 3; y 125-2, literal B, numeral 4; de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, del 6 de agosto de 2007, en perjuicio de la víctima EdeEste Dominicana y el Estado dominicano.
Las autoridades realizaron una fiscalización el 28 de febrero de 2024 en la purificadora de agua ubicada en la avenida Duarte, en el sector Los Manguitos, del Distrito Nacional.
Al momento de realizar el allanamiento e inspección, conjuntamente con el Superintendente de Electricidad, las autoridades determinaron que el usuario incurría en un fraude eléctrico conectado directo en media tensión en URD para siete transformadores, cuatro de I00KVA, y tres de 167KVA, cada uno con un consumo en MT de 53.9 AMP.
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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rossy Pérez, quien también representó al Ministerio Público en la litigación junto a la fiscal Dominga Pérez Rodríguez.