Destituyen a fiscal del DN acusado de acoso, abuso de poder y arresto arbitrario de una junta vecinal

Santo Domingo.– El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó al fiscal Gerinaldo Contreras tras determinarse que incurrió en graves violaciones disciplinarias, que incluyeron acoso laboral sistemático, abuso de autoridad y, de manera particularmente alarmante, ordenar el arresto arbitrario de miembros de una junta de vecinos en el sector de Arroyo Hondo que protestaban por problemas comunitarios, confirma una decisión de ese organismo.

La resolución núm. 07/2024, emitida por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, detalla los hallazgos de la investigación interna que, aunque eximió a Contreras de la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, concluyó que su permanencia en el cargo era insostenible.

La decisión fue emitida por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, este lunes 30 de junio y el fiscal tiene derecho a apelarla ante el Consejo Superior del Ministerio Público.

El incidente con la junta de vecinos

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando el fiscal Contreras ordenó el arresto de cinco miembros de una junta de vecinos del sector Arroyo Hondo, que había organizado manifestaciones pacíficas exigiendo soluciones a problemas de basura y falta de servicios.

Según los testimonios, Contreras acusó a los comunitarios de “alterar el orden público” y envió a la Policía a detenerlos sin existir orden judicial ni indicios de delito flagrante.

Un testigo a cargo del fiscal adjunto bajo su mando declaró ante el Consejo Disciplinario que Contreras les gritó en la oficina: “¡Que se los lleven presos ahora mismo! ¡Aquí mando yo! No quiero gente protestando en mi demarcación como si esto fuera un relajo!”

La detención generó denuncias públicas de abuso de poder y motivó la intervención de instancias superiores, que ordenaron la liberación de los vecinos por falta de fundamento legal para su arresto.

Clima de miedo en la fiscalía

El expediente disciplinario detalla que el ambiente en la Fiscalía bajo la dirección de Contreras estaba marcado por miedo y humillación. Una fiscal adjunta narró que Contreras la avergonzó públicamente por haber perdido un documento en un expediente: “Él me gritó frente a todo el personal: ‘¡Tú no sirves para nada! ¡Te voy a sacar de aquí porque esto me está quedando grande por gente como tú!’”.

 Otra empleada administrativa relató cómo Contreras golpeó la puerta de su oficina y lanzó expedientes sobre el escritorio mientras vociferaba insultos, provocando lágrimas y crisis de ansiedad en el equipo.
“Nos trataba como si fuéramos basura. Nos decía: ‘¡Todos ustedes son unos inútiles, yo soy el único que sabe trabajar aquí!’”, relató.

El Consejo recopiló más de una decena de testimonios que coincidieron en describir un patrón de maltrato verbal, amenazas, represalias y creación de un entorno laboral tóxico. Muchos empleados expresaron temor a perder sus puestos si denunciaban.

Hallazgos del Consejo Disciplinario

La investigación concluyó que Gerinaldo Contreras incurrió en varias faltas tipificadas como graves:
Acoso laboral reiterado.

Trato desigual y humillante hacia subordinados.

Uso de lenguaje ofensivo e intimidante.

 Orden de arresto sin fundamentos legales contra líderes comunitarios.

Abuso de su investidura para silenciar quejas legítimas del personal y de la ciudadanía.
La resolución puntualiza que el fiscal “mostró una conducta incompatible con la dignidad de su cargo y atentó contra derechos fundamentales de ciudadanos y miembros del Ministerio Público.”

Rechazo a la inhabilitación

Contreras negó todas las imputaciones y afirmó que era víctima de una campaña interna para sacarlo de la fiscalía. Sin embargo, no presentó pruebas ni testigos que refutaran los testimonios ofrecidos por el personal.

 Aunque el Inspector General del Ministerio Público solicitó que, además de ser destituido, se le impusiera una inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, el Consejo consideró la medida excesiva, argumentando que, si bien se trató de faltas graves, no hubo enriquecimiento ilícito ni actos de corrupción.

“La destitución es proporcional a los hechos comprobados. No obstante, la inhabilitación solicitada sería punitiva en exceso”, se lee en la resolución.